La solución podría pasar por un acuerdo entre partes. Así lo ve el nuevo Gobierno local que se enfrenta a una crisis económica por la sentencia a su favor que ha logrado una de las promotoras que firmó un convenio con el Ayuntamiento cuando era alcalde el popular Miguel Ángel Cámara para construir 5.000 viviendas junto a Nueva Condomina

Esa sentencia, que obliga a pagar a las arcas municipales casi 20 millones de euros a esta sociedad, puede servir de base al resto de promotoras, constructoras y empresas que firmaron convenios con el Consistorio desde el 2005 y que pueden suponer un quebradero para la contabilidad municipal. Se trata de siete convenios con distintas contraprestaciones y de diversa naturaleza que serán ahora chequeados por lo servicios municipales para comprobar su situación técnica y jurídica, explicó ayer el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, quien advirtió que el montante a devolver en caso de que haya nuevos pleitos , contando intereses de demora y recargos, sería de 125 millones. «Se nos deja posiblemente la mayor crisis económica que este Ayuntamiento haya tenido que afrontar en toda su historia, nacida de una gestión nefasta, especulativa, megalómana y desleal hacia todos los murcianos y murcianas», sentenció.

Según el edil, una de las posibilidades es la negociación con esos promotores, alguno de los cuales está en concurso de acreedores, una salida que cuenta con el apoyo de su socio de gobierno. El vicealcalde, el naranja Mario Gómez, explicó que la negociación conllevaría una rebaja de la edificabilidad y, por tanto, una modificación de los compromisos por ambas partes. El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, también terció en este asunto y mostró su preocupación por las posibles demandas. Argumentó que «si hay que devolver las cantidades a todos los promotores que firmaron convenio, las inversiones del Ayuntamiento se podrían ver hipotecadas durante cinco años». Añadió que «en el ejercicio presupuestario de 2020 nos hemos encontrado 17 millones de déficit de tesorería, 21 millones de inversiones no financiadas 121 millones en saldo de dudoso cobro y 40 millones de competencias impropias. Pues todo esto no es nada si lo comparamos con la situación a la que se puede ver abocado el Ayuntamiento por la dejadez, la mala gestión y la irresponsabilidad del equipo de Ballesta y sus antecesores, en la tramitación de los convenios de la zona norte».