La Comunidad podría recuperar los 85 millones del IVA de 2017 que el Estado no llegó a ingresarle aduciendo impedimentos legales. Una sentencia del Supremo ha dado la razón a la reclamación de Castilla y León, que exigió el pago de 182 millones retenidos por el Ministerio de Hacienda por el mismo motivo, y abre la puerta para que los demás gobiernos autonómicos reclamen también las cantidades pendientes de pago, que suman más de 4.100 millones. Por su parte, el Gobierno regional ya ha anunciado que enviará un requerimiento al Ministerio de Hacienda para reclamar el pago de los 85 millones.

El Ministerio dejó de pagar a las comunidades autónomas el IVA correspondiente al último mes computado en 2017 a raíz de un cambio introducido por el exministro Cristóbal Montoro en la forma de liquidar la recaudación del impuesto. La nueva fórmula reducía de doce once meses el periodo contemplado aquel año. La sucesora de Montoro, María Jesús Montero, aducía que el Gobierno en funciones no podía modificar el sistema de pago por razones legales al estar en funciones y ofreció otras compensaciones. La Región dejó de ingresar unos 85 millones cuando llegó el momento de liquidar las cuentas de 2017, según estimó la Consejería de Hacienda.

Castilla y León acudió a los tribunales para defender que «la Ley 22/2009, al establecer las reglas para el cálculo de los recursos tributarios que corresponde percibir a cada comunidad autónoma, se refiere a la recaudación líquida de un año completo, compuesto de doce meses, como se desprende del hecho de que las entregas a cuenta se abonen en doce mensualidades».

Añadía que «no tendría ningún sentido que las entregas a cuenta se abonasen en doce mensualidades y la recaudación se calculase sobre once, ya que ello daría lugar a una distorsión del resultado y casi con toda seguridad a que la liquidación fuese siempre negativa».  

La Sala de lo Contencioso del Supremo considera que la modificación introducida «obliga a una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado».

Los magistrados apuntan que «el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) puesto en relación con el artículo 103.1 de la Constitución, habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación presunta que constituye el objeto de este proceso».

Aunque el Tribunal Supremo no reconoce en su sentencia la devolución íntegra de los 182 millones reclamados por Castilla y León, al considerar que la cuantía final deberá fijarse "en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades».

Por su parte, el Gobierno murciano ha celebrado este martes, tras conocer la sentencia, que el Tribunal Supremo "recuerde al Gobierno central sus obligaciones con las comunidades autónomas y le obligue a cumplirlas".

La Comunidad, que ya solicitó el abono de la liquidación del IVA pendiente en numerosas ocasiones, enviará esta semana un requerimiento al Ministerio de Hacienda para solicitar el pago de esa cantidad, que en el caso de la Región de Murcia ascendía hasta los 85 millones de euros, según informaron fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.

El consejero, Javier Celdrán, advirtió de que, en caso de que ese requerimiento no sea atendido, "el Gobierno regional reclamará esos 85 millones de euros en los tribunales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha causado un enorme perjuicio a las comunidades autónomas para intentar quedarse con 2.500 millones de euros. Primero retrasaron el pago de la liquidación del IVA de manera injustificada, causando tensiones de tesorería en las cuentas autonómicas, y después decidieron de manera unilateral que no iban a pagar ese dinero que, según el sistema de financiación, corresponde a las comunidades", ha señalado Celdrán.

"Las comunidades ya hemos denunciado en múltiples ocasiones el trato que recibimos del Gobierno central, con imposiciones constantes, ausencia de diálogo y sin tenernos en cuenta incluso en plena pandemia, pero ahora es el propio Tribunal Supremo el que le reprocha su falta de lealtad institucional. Ahora esperamos que, una vez que los tribunales les obligan a pagar lo que quitaron a las comunidades, no nos lo vayan a quitar por otro lado para pagar precisamente lo que deben", ha concluido.