«Hasta aquí hemos llegado», señaló ayer la portavoz del PP en la Región, Miriam Guardiola, tras la última reclamación archivada contra su partido a cuenta, esta vez, del proceso de participación en el proyecto Murcia Conexión Sur. La portavoz popular explicó que el bloque de izquierdas ha emprendido una campaña de «injurias, mentiras y bulos» que ha cristalizado en ocho procesos judiciales vinculados a la gestión del exalcalde José Ballesta que buscaban desprestigiar al PP y justificar «el asalto a la Glorieta», aunque todos han sido archivados.

Guardiola comparecía en rueda de prensa junto a la portavoz local del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, y los ediles, José Guillén, Antonio Navarro y Jesús Pacheco.

Por ello, piden responsabilidades políticas y dimisiones. «Queremos conocer la identidad de quién presentó la denuncia de Conexión Sur e instarle a que, de acuerdo con lo sucedido, dimita y afronte las consecuencias de sus hechos», señaló la portavoz que aseguró que no quieren ser «como ellos, pero si sigue esta espiral de bulos y ataques honor del PP, tomaremos medidas y pediremos responsabilidades, tanto políticas como judiciales».

En el caso del Ayuntamiento de Murcia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó un recurso presentado para suspender el procedimiento de contratación del servicio de la ORA, que declaró legal y formalmente impecable. De la misma forma, en una segunda resolución favorable para el Ayuntamiento «se despejó todas las dudas sembradas por Cs sobre los proyectos encargados a Urbamusa como medio propio municipal», destacó Guardiola.

Por otra parte, los populares también recordaron que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales avaló la actuación de los técnicos y los servicios municipales, «hasta en tres ocasiones distintas» la legalidad seguida en el proceso de licitación del contrato de Parques y Jardines. De igual manera, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia declaró que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley en el acto de subrogación de trabajadores en la Fundación Ramón Gaya.