Manuel Maza, abogado de los tres detenidos por la Policía Nacional en Murcia acusados de, entre otros delitos, pretender aplicar un ERTE a cincuenta empresas ficticias, indica que sus clientes no iban a presentar «ni uno solo», y asegura que, en los registros, la Policía no encontró «ni una sola solicitud de ERTE, entre toda la documentación» intervenida.
Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de Murcia procedían la semana pasada al arresto de tres hombres, padre y dos hijos, aunque la investigación arrancó en julio: la Policía comenzó a seguir la pista de una oficina, con apariencia de gestoría, que podría estar dedicándose a la creación de empresas falsas con la única intención de cobrar grandes cantidades de dinero a ciudadanos extranjeros a cambio de su alta en la Seguridad Social, indicó el Cuerpo.
Maza explica que los tres sospechosos se encuentran en libertad con cargos, tras pasar por el calabozo y el Juzgado de Guardia. En dependencias policiales, uno de ellos presentó un cuadro febril y fue sometido a la prueba del coronavirus, que dio negativa.
En cuanto a las cincuenta empresas en cuestión, el letrado aforma que «la mayoría son clientes» de la asesoría de uno de los investigados por, presuntamente, vender precontratos de trabajo a extranjeros para obtener papeles, hacer altas fraudulentas en la Seguridad Social y llevar a cabo blanqueo de capitales. A este respecto, Maza apunta que se les acusa de pedir «préstamos al al banco para devolverlos después con dinero negro», algo que asegura no hacían.
Según explicaron en su momento desde la Policía, la operación se precipitó al descubrir las intenciones de los sospechosos, que no eran otras que, presuntamentem aprovechar las posibles ventajas fiscales, ayudas, y cobros de subsidios llevando a todos sus trabajadores ficticios un ERTE, lo que provocó que los agentes establecieran un dispositivo policial para evitar una defraudación económica al erario público.
Bloqueo de cuentas bancarias
Asimismo, en el marco de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia acordaba «el bloqueo de numerosas cuenlas bancarias a fin de poder asegurar en el proceso judicial el dinro procedentes de sus transacciones y negocios ilegales», ya que «las diligencias praticadas no descartan la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales utilizando para ello la contratación de préstamos bancarios de diversas entidades, asi como se presume la entrada de dinlo en cuentas de los investigados cuyo origen puede ser ilícito, procedentes del lucro obtenido de las víctimas», indica el auto.
