La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, está causando un atasco considerable en la tramitación de facturas municipales en el Ayuntamiento de Murcia debido a las modificaciones que sufrió el denominado ´contrato menor´ en esta recién estrenada norma. Para este tipo de contrataciones la ley rebaja ahora el importe para acudir a estas adjudicaciones por parte de las empresas, por lo que ahora el contrato menor por obras debe tener un valor estimado inferior a 40.000 euros y por contratos de suministro o de servicios por valor inferior a 15.000 euros (antes 18.000). Es este último contrato el que más perjuicio está causando ya que no se permite pagar a un proveedor más de 15.000 euros al año (lo que dura el contrato menor), por lo que la administración local se está encontrando con que no sabe qué hacer al superar el tope, según han comentado a esta Redacción varios funcionarios consultados.
Facturas pendientes de tramitar o la imposibilidad de buscar a un segundo proveedor para que cubra los suministros y servicios en lugares como el teatro Romea o las Juntas Municipales es lo que denuncian los sindicatos municipales, que les preocupa que contratar a un segundo proveedor implique pagar más por los mismos servicios que ofrecía el primer adjudicatario del contrato menor. Volver a la normalidad en el pago de facturas, según los sindicatos, implicará un periodo de tiempo mínimo de seis meses. Estas modificaciones que sufren los contratos del sector público buscan luchar contra la corrupción en corporaciones municipales.
Contratos residuales
El concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, deja claro que la ley, pese a que es nueva, «hay que cumplirla», y que estos contratos menores acabarán siendo «residuales» en las administraciones locales y hay que «erradicarlos». Reconoce que este cambio de la Ley de Contratos del Sector Público esta afectando «a todo el Ayuntamiento, a todos los técnicos y todas las administraciones desde hace dos o tres meses»; pero añade: «Nada grave».
El edil de Hacienda quiere tranquilizar subrayando que en determinados casos se buscará a un segundo proveedor, pero insiste en que estos contratos menores deben ser residuales dado que no se puede «estar en 15.000 euros, luego otros 15.000 euros, y así continuamente». En el caso de la tramitación de las facturas pendientes en las diferentes instituciones dentro de la administración local, «existe un proceso que surgió mientras se daba la nueva normativa de las contrataciones, esas facturas se van a abonar con levantamientos de un reparo, a través del alcalde o del Pleno municipal. De esta forma se pagarán todas las que estén pendientes aunque hayan superado los 15.000 euros de gasto y no habrá ningún problema», sentencia.
