Hablar de Ramón Salvador Águeda es referirse al 'rey del ladrillo', uno de los promotores más importantes del Mediterráneo e investigado en el 'caso Umbra' por supuesta corrupción urbanística. Sus deudas con el Ayuntamiento de Murcia por impagos en los impuestos de sus empresas son de varios millones de euros y para recuperar parte de esa cantidad, el Consistorio le embargó nueve solares y fincas que intentó vender en dos subastas que terminaron sin que ninguna de las propiedades despertase el interés de los postores. Parece que las propiedades de Águeda no interesan a nadie, algo extraño debido a que el precio es «muy goloso», como explican a esta Redacción fuentes municipales.
Con unos bienes valorados en casi 2,4 millones de euros, la concejalía de Hacienda, dirigida por Eduardo Martínez Oliva, esperaba recuperar parte de lo adeudado por el promotor en las subastas, pero tras quedar desiertas, la esperanza que le queda ahora al Consistorio es que algún interesado acuda a comprar «directamente y con el precio de salida de la última subasta» las fincas. El siguiente paso, si no se produce la venta, pasaría por un adjudicación al Ayuntamiento de los mismos para que le saque «algún rendimiento», explica el edil.
De las nueve propiedades de Águeda que se ofertaron destacan dos terrenos, valorados en más de 800.000 euros. El primero de ellos es una finca rústica en Baños y Mendigo, de más de trece hectáreas con unas edificaciones que ocupan más de 600 metros cuadrados. Esta hacienda, denominada Las Palas, está dentro de un plan parcial y en esos terrenos se pueden construir viviendas unifamiliares, según consta en el BORM del 25 de abril pasado, donde el Ayuntamiento insertó el anuncio de las subastas. El otro solar, de una cuantía superior a los 800.000 euros, está en Algezares, y se trata de un terreno urbano de diez hectáreas. Las nueve propiedades de Águeda que salieron a la venta pertenecen a Mira Llevant, la empresa más importante del 'rey del ladrillo'.
Una de las fincas del promotor que el Ayuntamiento tiene en venta dio lugar a la firma de un convenio urbanístico con el Consistorio, en la zona norte de la ciudad, y a cambio el patrimonio municipal recibiría el Teatro Circo remodelado, un convenio que ha acabado siendo investigado en el caso Umbra, presunta trama de corrupción urbanística.
Águeda alquiló en el año 2008 un avión privado para llevar a Estambul al entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; al exedil Antonio Sánchez Carrillo, y al actual concejal de Fomento, Roque Ortiz (acompañados todos ellos por sus esposas), y se encuentra ocho años después acosado por la Administración local, algo que en eso momento ni se imaginaba. Precisamente, el mencionado plan parcial de este convenio se aprobó dos meses después de que el 'rey del ladrillo' pagara el avión del ya famoso viaje a Estambul, lo que llevó al juez del caso Umbra a abrir una pieza separada por esta 'excursión', ante las sospechas de que se haya cometido un presunto delito de cohecho.
A vueltas con la justicia
La empresa que se encargó de fletar el jet privado facturó el importe del servicio a una de las empresas de Águeda, que también formaba parte de la expedición. Así se recoge en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga esta pieza separada en la causa matriz del Umbra.
El documento recoge así el resultado de las investigaciones que en torno al tema fueron encargadas por el juez instructor en mayo pasado, al destaparse el escándalo por este viaje. El informe de la Benemérita recoge que la información suministrada por la empresa que fletó el viaje, que se prolongó por espacio de varios días, señala que la factura fue enviada a la empresa de Águeda. Lo que todavía no se ha podido determinar es si los beneficiarios del viaje procedieron con posterioridad a pagar al constructor la parte que le correspondía por ellos mismos y sus esposas, algo que resultaría clave para la investigación.
Entre esta vorágine judicial del promotor ilicitano, el Ayuntamiento confía en poder por fin hacer caja con los bienes que le embargaron. Sin un plazo fijo para que se vendan, Martínez Oliva espera que, como último recurso, pasen cuanto antes a los fondos municipales.
