«Desde luego, un ciudadano o funcionario normal recordaría las veces que ha viajado en jet de lujo, a razón de 7.500 euros el billete».
Es una de las frases que se pueden leer en la resolución judicial, con fecha del jueves pasado, referente a una nueva pieza separada del Umbra contra el que fuera alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en este caso, por un viaje en jet privado hasta Turquía.
El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el denominado caso Umbra -que trata de esclarecer si hubo corrupción urbanística en la expansión norte de la capital murciana- ha abierto una nueva pieza separada contra el exregidor, que estuvo dos décadas al frente del Ayuntamiento.
En el punto de mira, un viaje que tuvo lugar en verano de 2008. El empresario Ramón Salvador Águeda -promotor inmobiliario y también investigado en esta causa- fletó una aeronave de lujo del 8 al 11 de julio, hace ahora ocho años. En este vuelo embarcó Cámara, que iba acompañado de su esposa, junto a otras personas.
Los pasajeros fueron recogidos en el aeródromo de Ataturk (estambul), «desconociendo el resto del itinerario y actividades», detalla la resolución judicial. «Ramón Salvador Águeda viaja con ellos y se separan en Palma de Mallorca, después de la estancia en Estambul», manifiesta el documento.
Poco después, Cámara aprobaba un plan parcial -el de la zona norte- que beneficiaba a la empresa Mirallevant, que era de Ramón Salvador Águeda. La aprobación fue al volver del verano, concretamente en septiembre de 2008, en Pleno. El Ayuntamiento, en aquellos momentos, estaba gobernado por el PP con mayoría absoluta.
El juez sospecha que el promotor «habría agasajado con posibles regalos en forma de objetos y actividades lúdicas a los principales responsables administrativos que tramitaban las actuaciones urbanísticas en el ayuntamiento de Murcia».
En este sentido, el magistrado que se ocupa del Umbra, David Castillejos, ordena a la Guardia Civil que investigue todo lo relativo al viaje y quién lo pagó.
En concreto, el instructor sospecha que Cámara podría haber cometido un delito de cohecho ligado a prevaricación. El mismo delito se le imputa al empresario.
La resolución judicial investiga también al exgerente de Urbanismo del Consistorio, Alberto Guerra, que deberá declarar sobre las cacerías organizadas en España y en África y sobre quién las costeó.
Guerra se enfrenta a un presunto delito de cohecho ligado a prevaricación por aceptar estos viajes para cacerías, «pese a actuar en los trámites administrativos que afectaban a Ramón Salvador Águeda y a la sociedad Residencial Mirallevant».
El juez cita a declarar a Miguel Ángel Cámara y a Alberto Guerra el día 8 de noviembre, al primero a las diez de la mañana y al segundo a las once y media, en los juzgados de la Ciudad de la Justicia. En cuanto al promotor, ha de comparecer, también en calidad de investigado, el 10 de noviembre, a las once de la mañana.
