Los recientes casos conocidos sobre el fallecimientos de varias niñas por acoso escolar (´bullying´) han puesto el punto de mira en la responsabilidad penal de los menores. Las redes sociales juegan en estas situaciones un papel fundamental, una plataforma donde los delitos han aumentado su incidencia, como así constata el magistrado del Juzgado de Menores 1 de Murcia, Rafael Romero.

El juez Romero considera que no es necesaria reforma alguna de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM) en lo que respecta a cuestiones de fondo, ya que opina que es «una ley moderna y plenamente vigente, que se adapta a la los menores y la sociedad en la que viven». Sin embargo, el magistrado advierte de que en cuestiones de forma o procesales «quizás sería necesaria alguna reforma para adaptar el texto de la LORPM a la nueva regulación de los delitos leves», después de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los últimos sucesos violentos de menores han dado la voz de la alarma, como el caso ocurrido en abril cuando un menor mató a un profesor en un instituto de Barcelona con una ballesta e hirió a más compañeros. Y es que el juez Rafael Romero reconoce que ha existido un incremento del número de expedientes incoados por la Fiscalía y los Juzgados de Menores.

Los delitos han aumentado en las redes sociales, afirma el juez. «Muchas de las veces se producen por desconocimiento de que se estaba cometiendo un delito; otras veces por un mal uso de las mismas, y, por supuesto, también en ocasiones, por el aprovechamiento de las mismas para cometer los delitos», expone el magistrado Romero.

Las redes sociales, en particular, e Internet, en general, «son extraordinarias herramientas para la educación, el aprendizaje y la comunicación, expone el titular del juzgado 1 de Menores de Murcia, «pero siempre con un uso adecuado y control de las mismas». Y es que, a su juicio, «no hay que prohibir su uso ni temer a las nuevas tecnologías» y recomienda «enseñar a los menores a utilizarlas de manera adecuada y responsable. Para ello hay que explicarles las virtudes, los riesgos y los peligros de las mismas».

No obstante, considera que el perfil de los menores «no ha experimentado grandes cambios", por lo que «no se ha observado un aumento de la agresividad ni una mayor inclinación a transgredir las normas».

«Existen casos, por desgracia, pero su influencia en la Jurisdicción de Menores es mínima», añade, para después resaltar la importancia de la educación en valores. En concreto, en Murcia, tanto desde la consejería de Educación, a través de los protocolos elaborados y que deben ser aplicados en todos los centros escolares, como desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través del programa de ´Juez de paz educativo', «se está llevando a cabo una gran labor para identificar rápidamente estos supuestos cuando se producen y para educar y concienciar a profesores y alumnos sobre este tema». Ahondando en cuestiones más concretas sobre esta ley, advierte de que no es sobreprotectora, ya que «facilita instrumentos para intentar averiguar porque el menor comete un hecho delictivo y una vez conocido esto, tratar de buscar soluciones para que no vuelva a cometer esos hechos, en ocasiones con medidas educativas y en ocasiones con medidas punitivas».

Preguntado sobre si surten efecto las medidas que se les aplican, advierte de que «en la gran mayoría de los supuestos las medidas judiciales son eficaces, ayudan a los menores y facilitan la no reiteración delictiva».