El Boletín Oficial del Estado (BOE) informaba el pasado jueves del inicio del proceso de expropiaciones forzosas con motivo de las obras para suprimir el paso a nivel de Senda de Los Garres, dentro del proyecto de llegada del AVE a Murcia. Los dueños de los 23 terrenos que se van a expropiar -entre los que se encuentra el ayuntamiento de Murcia- disponen de 15 días para presentar alegaciones. Sin embargo, a los afectados lo que más les preocupa ahora es conseguir unas medidas cautelares para paralizar todo este proyecto, basándose en una serie de irregularidades que, a su juicio, se están llevando a cabo.

Y es que, según explica Antonio Hernández, uno de los vecinos afectados por la llegada del AVE, Adif «ha licitado la construcción del puente de la Senda de Los Garres sin estar aprobado el proyecto». Algo que, de ser así, podría incurrir en una clara irregularidad, pues para licitar cualquier obra pública, ésta debe estar debidamente aprobada por la administración competente. Según consta en el BOE, el 'Proyecto de construcción de la supresión del paso a nivel de Senda de Los Garres. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia' fue «debidamente aprobado con fecha 10 de diciembre de 2014».

Sin embargo, tal y como defienden también desde la Plataforma Pro-Soterramiento, «no hay proyecto para esta obra que coincida, ya que se remite a un proyecto elaborado en diciembre de 2014, del cual no se tiene exposición pública y se carece de datos acerca del mismo».

Pero si vamos más allá, los afectados por las expropiaciones denunciaron ante la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea el posible incumplimiento por parte de las autoridades españolas en materia de medio ambiente en el proyecto a llevar a cabo en Senda de Los Garres. La Comisión Europea se ha pronunciado y, en un documento que los afectados recibieron el pasado mes de marzo, se establece que «no es posible determinar si se ha producido una infracción al Derecho Ambiental de la Unión Europea», ya que «de conformidad con la información obtenida, el proyecto al que ustedes se refieren no se encuentra aprobado».

Tanto para los afectados por las expropiaciones como para la Plataforma Pro-Soterramiento esta situación «es claramente una ilegalidad, ya que no se puede licitar ninguna obra pública que no esté aprobada», según mantiene el portavoz de dicha Plataforma, Joaquín Contreras, quien, además, destaca que «el puente que quieren construir, que iría por encima de las vías del AVE, tendrá un impacto visual muy grande y, encima, carece de estudio ambiental, por lo que no existe una declaración de impacto ambiental».

Por todo ello, los vecinos a los que está previsto que se les expropien sus terrenos están estudiando la posibilidad de denunciar al ministerio de Fomento ante la Audiencia Nacional. Asimismo, quieren reunirse con el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, para solicitar unas medidas cautelares, para evitar que este proceso continúe adelante «hasta que no se aclare todo», añade Antonio Hernández. Por otro lado, después de que Manzanera archivara la causa penal en relación a la denuncia presentada por la Plataforma Pro-Soterramiento, está previsto que hoy mantenga una reunión con sus representantes, quienes acudirán a su despacho para presentarle más documentación «relacionada con el contencioso administrativo, porque esta vía continúa abierta», según destacó ayer Joaquín Contreras a LA OPINIÓN.