Los juzgados podrán acceder a través sus ordenadores a las cuentas bancarias de las personas a las que investiguen por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Éste es el objetivo del reciente acuerdo al que ha llegado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNCC) y que supondrá una agilización de las órdenes de embargo y de bloqueo de cuentas.
Así lo confirmó en su última visita a Murcia el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, cuando acudió a la Ciudad de la Justicia para supervisar el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial dos meses después de su puesta en marcha.
De Rosa destaca la agilidad que este convenio va a dar a este tipo de investigaciones. Según el procedimiento actual, cada vez que un juzgado necesita de la colaboración de un banco para obtener datos sobre las cuentas de un sospechoso, envía un escrito a la entidad para solicitarlos. Desde que se pide la información hasta que se recibe pueden pasar varios meses, lo que supone un retraso considerable para las investigaciones. El vicepresidente resalta la necesidad de agilizar las investigaciones en torno a estos asuntos para evitar alzamientos de bienes o destrucción de pruebas por parte de los implicados. En este sentido, explica que son «los delitos de narcotráfico y los relacionados con las redes de prostitución los que más estrechamente ligados están con las tramas de crimen organizado dedicadas al blanqueo de capitales». Aunque esta herramienta se utilizará también en investigaciones por delitos contra la Hacienda Pública.
Con la firma de este acuerdo, el acceso por parte de los magistrados a esta información podrá ser inminente. La intención es que la Justicia pueda actuar de manera inmediata en este tipo de investigaciones, llegando incluso a proceder al bloqueo de cuentas, en caso de considerarlo necesario. «Ésta es una mala noticia para los delincuentes, que piensan que tienen ventaja por la lentitud de la Justicia», manifestó.
Por su parte, el presidente del TSJ de la Región, Juan Martínez Moya, indica que esta práctica «podría llegar a Murcia en este mismo año», puesto que ahora se está desarrollando el proyecto piloto.
«Las consultas se llevarán a cabo en el punto neutro judicial, un espacio donde los jueces tienen que introducir una clave», para que nada ponga en riesgo la intimidad de las personas», indicó el presidente, que tiene el sueño de lograr «gestiones y comunicaciones con cero papel, realizadas de forma completamente virtual».
