El Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha ratificado la condena impuesta a un funcionario del ayuntamiento de Murcia al que un jurado popular encontró culpable de un delito de cohecho, por exigir dinero a un inmigrante marroquí por la expedición de un certificado que era gratuito. En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ desestima el recurso de apelación presentado por el funcionario, D.G., contra la sentencia que en junio pasado le condenó a la pena de 240 euros de multa y 21 meses de suspensión.

Como consideró probado el jurado popular, el tribunal afirma que, de las pruebas aportadas al juicio, se desprende que este funcionario municipal exigió al inmigrante 80 euros por extenderle un certificado que, en realidad, era gratuito. Los hechos, que tuvieron lugar en el año 2005, fueron descubiertos por la denuncia que la empresaria que había facilitado trabajo a este inmigrante presentó en el ayuntamiento.

Durante la vista oral, D.G. negó los hechos de los que fue acusado, que ocurrieron en las dependencias municipales ubicadas en la pedanía de Cabezo de Torres.