Aqualia pide al TSJ que dé por bueno el contrato del agua de San Javier anulado

Aqualia pide al TSJ que dé por bueno el contrato para la gestión del agua y el alcantarillado del Ayuntamiento de San Javier que fue anulado por el Tribunal de Recursos Contractuales. Tras la decisión de la Fiscalía que archivar la denuncia presentada por el grupo político Pleamar al considerar que no se ha producido un delito de prevaricación en el proceso de licitación, la empresa que había obtenido la máxima puntuación y llegó a adjudicarse el contrato quiere que "el TSJ Región de Murcia revise la resolución" del órgano del Ministerio de Hacienda encargado de dirimir los conflictos en las licitaciones que anuló el concurso.

También el Ayuntamiento de San Javier ha anunciado que acudirá al TSJ para pedir la reactivación del contrato, una vez archivada la denuncia presentada en la vía penal por Pleamar. El alcalde, José Miguel Luengo, dijo el pasado viernes que va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Región que levante la anulación decidida por el Tribunal de Recursos Contractuales.

La compañía anuncia en un comunicado que pretende que el TSJ "declare la validez del expediente de adjudicación del concurso del servicio de agua de San Javier. Cabe recordar que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del concurso a Aqualia, decisión que fue refrendada por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Javier del pasado 19 de octubre de 2023".

Recuerda que "el Ministerio Fiscal deja claro que {"anchor-link":true}los hechos denunciados no son constitutivos de delito de prevaricación, lo que evidencia la elaborada trama de intoxicación informativa que en los últimos meses han venido desarrollando determinados medios digitales. Estas publicaciones, entrelazadas entre sí, han pretendido crear un relato ficticio, con apariencia de veracidad, que posteriormente fue presentado por el partido político Pleamar a la Fiscalía para sembrar dudas sobre la transparencia del proceso de licitación y poder llegar a detenerlo o revertirlo. El archivo dictado por la Fiscalía asume que “los hechos denunciados no son penalmente típicos ni ha resultado mínimamente corroborada su realidad”.

Añade que los medios en los que se recogían las informaciones sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación "difundieron acusaciones graves contra el Ayuntamiento de San Javier, su alcalde, los técnicos municipales, la consultora Ingeagua y la propia Aqualia, a partir de informaciones sin fuentes identificadas y sin el más mínimo rigor ético y profesional que se debe observar en el ejercicio del periodismo".

Aqualia considera que "esta campaña de desinformación ha podido influir en la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales, que en su resolución incluye un párrafo atribuido a la Fiscalía, pero que en realidad era parte de la denuncia de Aguas de San Javier y La Manga del Mar Menor (Gestagua), una de las empresas que ha perdido el concurso de licitación".

Aguas de San Javier apuntaba que Ingeagua, la consultora contratada por el Ayuntamiento para la tramitación del concurso, "no solo redactó las condiciones del contrato, sino que también valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 puntos de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora … Ingeagua ha sido contratada en los últimos meses por al menos 15 ayuntamientos donde [FCC] Aqualia presta sus servicios, con la finalidad de elaborar pliegos y valorar las ofertas del concurso. En la mayoría de estos casos, [FCC] Aqualia resultó ganadora o fue propuesta como tal por Ingeagua”.

La empresa que aspira a recuperar el contrato anulado defiende que "la decisión de la Fiscalía desmonta el falso argumento de que la consultora Ingeagua actuaba para favorecer los intereses de Aqualia. Este argumento ha sido repetido constantemente por los medios digitales que han participado en la campaña de desprestigio contra Aqualia. En concreto el Ministerio Fiscal dice que: “no se puede determinar que la consultora (Ingeagua) haya adjudicado contratos con preferencia y de manera habitual sobre otras licitadoras en los concursos en los que ambas han concurrido como consultora y como licitadora”.

Añade que "Aqualia trabaja para dar una respuesta legal ante el daño reputacional y material del que ha sido objeto en esta campaña de desprestigio con el único fin de evitar que en el futuro este tipo de comportamientos anti-éticos se repitan y dañen a cualquier persona, física o jurídica. Mantiene su total convencimiento de que su oferta, que incluye una inversión cercana a los 100 millones de euros, es la más beneficiosa para la ciudadanía de San Javier, por lo que la demora en aplicar las actuaciones técnicas, tecnológicas y medioambientales incluidas en su oferta está causando un perjuicio en toda la zona de La Manga y el Mar Menor".