El endeudamiento impide a Totana hasta cubrir las plazas de los policías que se jubilan

El Ayuntamiento de Totana sigue siendo el más endeudado de la Región y acumula casi 114 de los 706 millones de euros que deben los consistorios de la Región. Aunque ha conseguido rebajar el importe de los créditos que tuvo que asumir tras la crisis de 2008, cuando el frenazo del sector inmobiliario llevó a la corporación a una situación de quiebra, los planes de ajuste que se vio obligado a aplicar para reducir el gasto siguen limitando en la actualidad las posibilidades de ampliar la plantilla, de atender los servicios públicos y de emprender nuevas actuaciones, según explica el nuevo alcalde, Juan Pagán. También lamenta el retraso en la aprobación del Plan General, que impide desbloquear el desarrollo local y conseguir nuevos ingresos.

El regidor se queja sobre todo del desfase que se está produciendo en la dotación de la Policía Local, ante la imposibilidad de cubrir las jubilaciones y los traslados que se han producido. «El ratio de la plantilla de la Policía Local en proporción a los habitantes está en el 50%, porque se va jubilando gente y no se cubren las plazas».

Juan Pagán añade que las restricciones en las incorporaciones de personal afectan también «a la atención al ciudadano», dado que en algunos servicios se está produciendo «una ralentización», al no existir la dotación de personal necesaria.

Aunque reconoce que el grueso de la deuda municipal se originó a causa de la crisis inmobiliaria, sostiene que la acumulación se debe a un cúmulo de causas, no solo a los convenios urbanísticos, dado que viene de etapas anteriores. 

Calcula que de los casi 114 millones que debe la corporación municipal, uno 100 se le deben al Estado y 14, a los bancos 

El alcalde explica a La Opinión que su propósito es solicitar al Ministerio un trato más flexible para evitar que las medidas de ajuste sigan limitando la ampliación de plantilla y la dotación de los servicios.

Apunta igualmente que el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está bloqueando el desarrollo urbanístico del municipio e impide que el Ayuntamiento pueda obtener los ingresos tributarios que aportaría el crecimiento de las zonas de expansión. 

Sin embargo, no descarta que la aprobación del PGOU siga retransándose si se acaba considerando caducada la declaración de impacto ambiental y es necesario volver a poner en marcha este trámite. «La maquinara de la recuperación en Totana está mal. Si no tenemos PGOU, no tenemos desarrollo ni fuente de ingresos», afirma.