Los abogados de Lorca reclaman que se reactive el servicio público de Justicia

“Reclamamos un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados”, reivindicaba con contundencia el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón. Lo hacía este miércoles a las puertas del Colegio de Abogados de Lorca donde los letrados se concentraban para protestar por la actual situación del servicio público de justicia que tachaban de “insostenible”. A ellos, se sumaban los funcionarios de Justicia que estos días protagonizan manifestaciones a las puertas del Palacio de Justicia, en la Plaza del Caño, para reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales.

Aragón aseguraba que “el servicio público de justicia lleva paralizado por diversas huelgas desde hade más de cuatro meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución”. Las recientes y sucesivas convocatorias de huelga de distintos colectivos de la Justicia, reclamaba, se “suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Tras cuatro meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2017”.

Es descorazonador, añadía, que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía”.

Insistía en que es “desolador” que “tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar”. Y recordaba que “nuestro estado social y democrático de derecho requiere de una justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado”.

El decano del Colegio de Abogados leía el manifiesto ‘La justicia es una cuestión de Estado’ que, a esa misma hora, mediodía, a las puertas de las sedes profesionales de todo el país se dejaba sentir. El manifiesto, con diez puntos, exigía entre otras cuestiones la “conciliación de la vida personal y profesional: posibilidad de la conciliación de la vida personal y familiar de todos los profesionales que intervenimos en el servicio público de justicia, sin merma de los derechos de los justiciables”, además de “recursos materiales y personales: Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos”.

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, abogado de profesión, respaldaba a los miembros del Colegio de Abogados de Lorca en su reivindicación por un Pacto de Estado en materia judicial que permita crear un servicio público efectivo y de calidad, como aseguraba. La reivindicación busca y reclama una mejora de la situación que vive la Administración de Justicia desde comienzos de año, marcada por las continuas huelgas de letrados, jueces y funcionarios de la Administración, y que el Ministerio de Justicia se reúna cuanto antes con los funcionarios que se encuentran en huelga, apuntaba.

Tras la lectura del manifiesto señalaba que “la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del estado de derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía. La actual parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar. Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una justicia pronta y de calidad”.

Y añadía que “desde el Ayuntamiento nos hemos querido sumar a este momento de protesta, precisamente, porque es urgente que desde el Gobierno central se desbloquee la situación que protagonizan los funcionarios en huelga, y se logre llegar a acuerdos que en último término suponen una defensa de los derechos de los ciudadanos”.