Lo que no se consiguió en noviembre de hace dos años (llegar a un acuerdo y pactar las penas para evitar el juicio) parece que está más cerca de lograrse en la causa que investiga el vertedero ilegal por el que se sienta en el banquillo el que fuese alcalde de Blanca, Rafael Laorden. Y no se sienta solo: junto a él, también imputados, dos exconcejales de Medio Ambiente y un empresario. El inicio de la vista oral se fijó para este martes, en la Audiencia Provincial de Murcia. Y el exregidor entró por la puerta, tranquilo, pero el juicio no comenzó: las partes anunciaron que son capaces de llegar a la conformidad que entonces no consensuaron, aunque necesitaban tiempo. Por eso la vista se pospone: hasta este miércoles.

Para cada uno de los procesados, el Ministerio Público pedía una pena de cuatro años y seis meses de prisión, junto con una multa de 9.000 euros. En la misma línea, en las conclusiones provisionales, la Fiscalía quería que se les condenase a indemnizar de forma solidaria a la Comunidad Autónoma con algo más de 282.000 euros, por los daños causados a la zona donde estaba enclavado el vertedero y por los gastos de restauración ambiental.

Los hechos que van a ser juzgados ahora comenzaron hace la friolera 17 años, cuando, siempre según la Fiscalía, Laorden y el empresario acusado, Juan Morales, rubricaron un «convenio de colaboración» para la gestión de una escombrera municipal. El sitio en cuestión no era cualquier lugar: gozaba de la máxima protección ecológica, al estar declarado Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sin embargo, tiene claro el fiscal, eso no evitó que se convirtiese en un basurero en el cual fueron a parar residuos de todo tipo «de forma absolutamente descontrolada».

Los otros dos acusados son los antaño ediles de Medio Ambiente Ángel Cano y José María Molina, quienes «eran igualmente conocedores y autorizantes» de las ilegalidades. Que se haya dilatado tanto en el tiempo la causa da lugar a que, por ejemplo, escrito de acusación fuese firmado en junio de 2015 por el entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, quien ahora es fiscal superior de la Región de Murcia.

El previsible pacto de conformidad entre las partes (Fiscalía y abogados) implica que los acusados admitan que son culpables de los hechos por los que se sientan en el banquillo.