En invierno el frío es intenso y el agua se cuela por las grietas del techo. Pero el verano es aún peor. “No puedes dormir hasta bien avanzada la madrugada porque llegan a alcanzarse hasta 50 grados. Durante el día estamos fuera, debajo de un árbol, donde se está mucho mejor que dentro de nuestras casas”, afirmaba este lunes Pedro Moreno Moreno, más conocido como ‘Kale’.
Él es uno de los vecinos que desde el terremoto vive en el barrio de casas prefabricadas de San Fernando. No pudieron acreditar ser dueños de los pisos en los que residían y siguen viviendo en las viviendas de Cruz Roja que se instalaron tras el seísmo. Achacan a “problemas burocráticos” no haber logrado una vivienda de las que se reconstruyeron en San Fernando. Nuevamente reclaman que se les realoje. “No queremos que nos regalen nada. Que nos cobren un alquiler, pero que nos saquen de aquí”, insistía Pedro Moreno.
Las ocho familias suman quince niños. Algunos de ellos, nacieron en este lugar, por lo que siempre han vivido en una casa prefabricada. Tras casi once años las viviendas presentan grietas, humedades y hundimientos. Hace un año el Ayuntamiento acometió mejoras en las viviendas modulares, pero el paso del tiempo se deja sentir en estas casas que inicialmente se instalaron de forma temporal. “Los suelos están agrietados y los cuartos de baño tienen humedades”, apuntaba Mercedes Cortes Moreno.
En la casa de Pedro Moreno hay goteras. En ella, viven su mujer y sus hijos. Cada noche Pedro adentra de la calle un somier y un colchón para dormir en la cocina. “Somos muchos y no hay nada más que dos habitaciones, por lo que a mí me toca dormir en el salón-cocina”, detalla.
La edil de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, denunciaba este lunes que once años después del terremoto estas familias continúan viviendo “en precario”. Y reclamaba que se aproveche el Programa regional de vivienda para “darles una oportunidad a estas familias”. Y se quejaba de que “en pleno centro de la ciudad se de esta situación de chabolismo, cuando hay un programa concreto para el que se han destinado siete millones de euros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que habrá que devolver si no se utilizan”.
