Lorca suspende la emisión de recibos de la plusvalía hasta una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional

El Consistorio, “atendiendo al principio de prudencia”, ha suspendido la recaudación del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido comúnmente como ‘plusvalía’. Lo ha hecho por mandato del alcalde, Diego José Mateos Molina, quien ha afirmado que “tras conocer la sentencia en la que se declaran inconstitucionales varios de los artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos a este impuesto de la plusvalía, a partir de este miércoles no se girarán nuevos recibos, para no generar recibos que tengan que ser anulados o devueltos”.

             A la espera de conocer el texto definitivo de la sentencia, que se hará público en los próximos días, se podrá “analizar caso por caso y así saber los procedimientos para los que procede la devolución o no, dependiendo de la regulación específica que realice la sentencia”, ha explicado. Y ha reconocido que para el Ayuntamiento de Lorca supone un “verdadero varapalo” par los ingresos y las arcas municipales, puesto que está recaudando está presupuestada en torno a 1,5 y 2 millones de euros, pero que, según datos del año anterior, el incremento de derechos reconocidos en torno a este impuesto asciende ya a 3 millones”.

             Mateos se ha referido a “la necesidad de que haya una compensación para esta merma de ingresos que se va a producir, puesto que si queremos que los ayuntamientos sigan prestando sus servicios de seguridad, arreglo de calles, alumbrado público, servicios sociales o emergencia, entre otro, necesitamos recursos y, ahora, ante esta situación, necesitamos que se nos compense y que tanto el Estado como las comunidades autónomas, cada uno en el ámbito de sus competencias, compensen a todos los ayuntamientos por esta merma”.

             El alcalde ha recordado que cada año hacen frente en torno a unos 5 millones de euros en competencias que “no son nuestras y que no nos corresponden, las conocidas como ‘impropias’ que son de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

             El Partido Popular ha exigido por vía oficial que el Ayuntamiento “paralice inmediatamente el cobro del impuesto de plusvalía y asuma la sentencia del Tribunal Constitucional”. La edil Rosa María Medina ha reclamado al Gobierno de la Nación que “establezca un Fondo Estatal de Compensación para paliar la pérdida de ingresos, que pone de manifiesto la necesidad de que el Estado aporte la financiación que realmente necesitan los municipios”.

             Y ha advertido que esta sentencia “no es excusa” para incumplir la orden de bajar los impuestos que le ha dado el Pleno del Ayuntamiento, puesto que dispone de 5,5 millones de euros de superávit, 12,7 de Tesorería y 8,5 millones por la venta de parcelas, pisos en San Fernando y plazas de garaje, mientras que la plusvalía aporta 1,2 millones.