“Este individuo tiene atemorizados a los vecinos de los barrios de San Diego y San Cristóbal. Es una amenaza real. Porta un hacha con la que no duda en amenazar a todo el que se le cruza”, ha afirmado indignado este martes el concejal de Vox, José Martínez, quien ha exigido “que se aplique la legislación vigente en materia de extranjería” y se le “expulse del territorio nacional”.

El edil se refería a un individuo que desde hace meses tiene “amenazados” a sus vecinos. El hombre ha sido detenido en varias ocasiones por ocasionar daños a un establecimiento de forma continuada, pero también la ha emprendido con un árbol cercano a su vivienda al que ha destrozado a hachazos y con el mobiliario urbano. “Viene generando situaciones de tensión. Se muestra muy agresivo, poniendo en riesgo la integridad de los vecinos que viven en los barrios de San Diego y San Cristóbal”, ha explicado el edil.

El Grupo Municipal de Vox ha pedido a la Delegación del Gobierno la “expulsión” de nuestro país. “La prioridad absoluta debería ser la eliminación de esta amenaza”. El hombre, según ha señalado Martínez, “se encuentra en situación irregular en nuestro territorio”. Y ha vuelto a insistir en que “se trata de una amenaza real para los ciudadanos de Lorca”.

Vigilancia policial

El alcalde, Diego José Mateos, también ha mostrado su preocupación por este individuo. “Se ha incrementado la presencia policial en la zona, pero también es cierto que no podemos tener un policía 24 horas en ese punto”. Mateos ha señalado que están “estudiando” las distintas alternativas “para buscar una solución definitiva”, entre las que no ha descartado “la expulsión de nuestro país, ya que no tiene nuestra nacionalidad”.

El máximo mandatario de la ciudad ha contado que cada vez que es detenido, por parte de la Policía Local o el Cuerpo Nacional de Policía “a las pocas horas o a los pocos días es puesto en libertad y vuelve a las andadas”. El hombre, “con desequilibrios mentales, ha sido detenido en numerosas ocasiones e incluso ha sido internado en el Área de Psiquiatría en el Hospital Rafael Méndez, pero tras darle el alta deja de tomarse el tratamiento y vuelve a las andadas”.

La situación, ha reiterado Mateos, “nos preocupa, porque puede ir a más, por lo que no descartamos pedir una incapacitación para que pueda ser tutelado e ingresado en un centro psiquiátrico o similar o expulsado de nuestro país”.