El recinto histórico de la ciudad es la principal asignatura pendiente de la reconstrucción, tras los terremotos de mayo de 2011. Sin embargo, no toda la situación en que se encuentra el casco antiguo es achacable a los seísmos. «El recinto histórico sufría un deterioro importante, pero el terremoto se puede decir que fue el detonante final», admite el alcalde, Diego José Mateos Molina.

La Cámara de Comercio o la Patronal Ceclor llevan años reclamando un plan para poner en valor el recinto histórico, pero también los barrios altos (San Juan, Santa María y San Pedro). Y más recientemente el Foro Pro Casco Histórico se ha convertido en uno de los mayores activistas en la defensa de la vieja ciudad, aunando a su alrededor a fundaciones como Lorquimur, abogados y la Cámara de Comercio, entre otros, y planteando actuaciones concretas en distintos enclaves.

El Consistorio, según el alcalde, trabaja en un plan que «a través de herramientas legales obligue a los propietarios a actuar y reedificar en el marco del interés regional». Comunidad Autónoma, Cámara de Comercio y la Patronal Ceclor formarán parte de esta actuación planteada en un horizonte, según indica Mateos Molina, «inmediato».

El alcalde reconoce que la casuística de los barrios altos también debe acometerse desde un plano social. Las primeras incursiones, en el barrio de San Pedro y Santa María, han sido abordadas por la Fundación Iniciativas el Gigante, que ha pedido al Consistorio la antigua iglesia de San Pedro para establecer en el lugar un centro para dinamizar la vida de los habitantes de esta zona.

Las ‘heridas’ sin cicatrizar del recinto histórico son visibles. Una veintena de casas solariegas situadas en las calles Álamo, Selgas, Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio, Cava, Zapatería… permanecen sostenidas con un entramado de andamios a la espera de recuperar su encanto.

En la Travesía de Ramón y Cajal los puntales aún ocupan la acera. «Quedan muy pocas viviendas por reconstruir. En la mayoría de los casos se debe a disputas entre propietarios que han llegado a judicializarse», explica el alcalde.

Otra asignatura pendiente son las viviendas modulares junto al barrio de San Fernando. A ellas se refirió hace unos días la concejal de Servicios Sociales, María Dolores Chumilla, quien señaló que se han realizado distintas reparaciones mientras se llevan a cabo los informes necesarios para hacerlos llegar a la Comunidad Autónoma y que puedan volver a su vivienda habitual. Y una amnistía ha permitido resolver prácticamente la totalidad de los expedientes de los damnificados del terremoto. El Gobierno regional eliminó por decreto el pasado miércoles las trabas burocráticas y archivó los expedientes de reconstrucción de las viviendas dañadas, según anunció el presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar.