El pleno del ayuntamiento también aprobó ayer el reglamento, propuesto por los grupos PP y UPyD, que regula el servicio de abastecimiento de agua, así como los derechos y obligaciones de la empresa concesionaria y los abonados. Así, este reglamento incorpora un procedimiento de reclamación «más garantista para el usuario» ya que obliga a la empresa adjudicataria a, en caso de impago tras 30 días de periodo voluntario, enviar una notificación al abonado, que dispondrá de un plazo de 15 días para presentar reclamaciones. Además, el corte del suministro no se podrá efectuar hasta el impago de un segundo recibo.

Asimismo, si el usuario no puede hacer frente al pago del recibo por circunstancias económicas, podrá acudir a los servicios sociales municipales para solicitar ayuda. El Ayuntamiento se reserva así la facultad de instar a la empresa a paralizar el proceso de suspensión en casos concretos que estén en estudio por parte de Servicios Sociales.