El ayuntamiento de Lorca ha remitido al Fiscal Superior de la Región de Murcia la primera remesa de documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.
El 5 de diciembre el fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, reclamó al alcalde, Francisco Jódar, que le remitiera «a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados por el anterior consistorio en zonas no susceptibles de urbanización». La petición forma parte de las «diligencias preliminares de investigación penal» abiertas por la fiscalía en torno a las posibles irregularidades de estos convenios.
El alcalde insiste en que la voluntad del consistorio es que la Fiscalía cuente con toda la documentación sobre este asunto y afirma que el quebranto económico que estos «convenios trampa» podrían suponer para los lorquinos, sería «letal».
El Consistorio trata de evitar en la actualidad el pago de los trece millones de euros que habría que devolver a los promotores de los convenios en el caso de que inicien la vía judicial, como ya ha ocurrido con algunos de ellos. El alcalde ha repetido en reiteradas ocasiones que hacer frente a esa cantidad supondría no poder pagar las nóminas de los funcionarios ni prestar los servicios básicos.
La remesa de documentación remitida a la Fiscalía está integrada por 2.500 folios, ordenados en dos tomos recogidos en sendos compartimentos: el primero bajo la denominación 'Documentación general y común de los expedientes' y el segundo titulado 'Documentación específica de cada expediente e índice de documentos que constan en el Servicio hasta la fecha de hoy'.
El grueso de la remesa está compuesto por una extensa lista de actas firmadas derivadas del Consejo de Gerencia de Urbanismo en diferente fechas, pertenecientes todas ellas al año 2005, junto a copia de las mismas en papel timbrado así como actas rubricadas en sesiones de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.
La documentación incluye oficios judiciales, notificaciones de la concejalía de urbanismo, informes del Servicio de Planeamiento, publicaciones el BORM, acuerdos y notificaciones de la junta de gobierno y sentencias judiciales.
A esta remisión a la Fiscalía, le va a seguir en los próximos días, una segunda remesa, de mayor extensión y volumen que contendrá la planimetría completa y una amplia serie de documentación complementaria, debidamente ordenada y clasificada.
Los polémicos convenios se iban a desarrollar sobre una superficie de 120 millones de metros cuadrados de terreno(unas 4.800 hectáreas), donde se iban a construir un total de 86.302 viviendas. De haberse ejecutado los proyectos, estaba previsto que por ejemplo en Coy y Avilés, donde residen 767 personas, la población hubiera aumentado en 39.000 personas más.
Por todos los convenios urbanísticos que se firmaron, aparte de estos 17, el ayuntamiento ingresó un total de 23 millones de euros.
