El Gobierno y la Fiscalía de Perú inician una guerra con final incierto

Perú ha vuelvo a tomar la senda del escándalo político. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es acusada de ser la cabeza de una organización mafiosa que tiene sus ramificaciones en el Congreso más impopular de la historia reciente de ese país. Benavides no quiere ser arrastrada por la crisis. En un acto de supervivencia lanzó una acusación constitucional contra la presidenta provisional Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola por las muertes de los manifestantes que salieron a las calles en el sur del país para pedir la dimisión del Gobierno interino a fines de 2022 y comienzos de 2023. Los peruanos observan atónitos esta nueva pelea en el poder político e institucional. "Este pleito parece un culebrón mexicano", dijo la legisladora Sandra Paredes.

Todo comenzó horas atrás cuando el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder intervino la sede del Ministerio Público. Las investigaciones alcanzan no solo a Benavides sino a sus inmediatos asesores Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y, especialmente, Jaime Javier Villanueva Barreto. Este último es el que se encuentra más comprometido como consecuencia de unos chats que iluminaron los mecanismos de corrupción dentro del poder judicial y la legislatura. En una de las conversaciones que tomaron estado público, Villanueva Barreto hizo valer su condición de mano derecha de Benavides para lograr que fuera inhabilitada una fiscal incómoda, Zoraida Ávalos. Este operador en las sombras le dio un toque de comedia a la crisis. Acorralado, se internó en una clínica limeña alegando problemas de salud. Los médicos lo refutaron. El acusado abandonó la camilla donde se había refugiado y se entregó a la policía.

Los fiscales Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, pidieron la renuncia de Benavides "a fin de no afectar la investigación". Ella no quiere abandonar su cargo. Boluarte la ha desafiado al renunciar a su inmunidad presidencial para afrontar las investigaciones. "No teme que efectivamente se demuestre que no tiene una responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron", informó su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, consideró que la denuncia constitucional es una respuesta política de la fiscal como parte de "una guerra interna" en el Ministerio Público. Aseguró que la denuncia presentada por Benavides "no tiene ni pies ni cabeza".

Peticiones de dimisión

La disputa tiene un final abierto por estas horas. El Congreso calla. El diario limeño El Comercio consideró en su editorial que "la señora Benavides no puede continuar" en su puesto. "Que ella y sus asesores estén implicados en una investigación por presunta organización criminal ya es suficiente para demandar su salida". Que haya retirado a la fiscal Marita Barreto de la labor que venía realizando para avanzar en las pericias "sugiere también una obstaculización de la justicia".

El Comercio pidió también la dimisión del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, involucrado en las conversaciones del escándalo."Los chats revelados demuestran que su nombramiento –sospechoso desde el principio por su poca idoneidad para el cargo– respondió, en buena medida, a una negociación entre Villanueva Barreto (actuando presumiblemente a nombre de Benavides) y un número significativo de parlamentarios".

Las muertes derivadas de las protestas, remarca la publicación, deberían haber sido investigadas hace tiempo pero en este caso queda en el aire la sospecha de que se trata de un contrataque de la fiscal de la Nación. "Aquí no cabe hablar de derechas ni de izquierdas; el terremoto que sacude al Ministerio Público y cuyas reverberaciones impactan en otras instituciones traerá cola en los próximos días. Pero, por lo pronto, los hechos demandan la salida de Benavides. Su continuidad es insostenible".

Según La República los cargos contra la fiscal de la Nación y sus tres principales asesores son sumamente graves. "El Congreso, que constituye la tercera pata de la mesa en este affaire, no ha tenido ninguna posición institucional, pese a que se ha involucrado a 35 parlamentarios, quienes habrían sido presionados para ejercer su voto a favor de los temas de agenda de interés de la fiscal, mediante la oferta de eliminarles denuncias contra ellos en procesos seguidos ante el Ministerio Público".