Leyes europeas

La Eurocámara legisla para agilizar la incautación de activos de origen delictivo

La nueva legislación mejorará la incautación de bienes de origen delictivo que garantizará congelación de activos más rápidos y eficaces en toda la UE e indemnizaciones más rápidas para las posibles víctimas

Archivo - Banderas europeas ondeando frente al edificio de la Comisión en Bruselas

Archivo - Banderas europeas ondeando frente al edificio de la Comisión en Bruselas / Michael Kappeler/dpa - Archivo

Silvia Martinez

El crimen organizado mueve alrededor de 139.000 millones de euros cada año, según estimaciones de la Comisión Europea, pero tan solo el 2,2% de los activos fueron congelados en el periodo 2010-2014 y apenas el 1,1% llegó a ser confiscado. Esta situación podría empezar a cambiar muy pronto cuando se aplique la nueva legislación que prepara la UE.

La comisión de libertades civiles de la Eurocámara ha aprobado este martes su posición sobre la nueva legislación para mejorar la incautación de bienes de origen delictivo que garantizará congelación de activos más rápidos y eficaces en toda la UE e indemnizaciones más rápidas para las posibles víctimas.

"Es de suma importancia privar a los delincuentes de sus ganancias, limitar su capacidad de reinvertirlas en la economía legal y asegurarse de que dedicarse a actividades delictivas no compensa", ha planteado el ponente del informe, el conservador rumano Loránt Vincze, para añadir: "El informe amplía el ámbito de aplicación de la Directiva a otros delitos pertinentes, refuerza a las autoridades competentes en la identificación, congelación y gestión de activos, amplía el acceso de los organismos de recuperación de activos a las bases de datos pertinentes, da prioridad a la indemnización de las víctimas y mejora la cooperación entre las autoridades nacionales competentes y los organismos de la UE".

Recuperación de activos y decomisos

El Parlamento Europeo pidió en diciembre de 2021 que se armonizara el régimen de la UE en materia de recuperación de activos y decomiso. La Comisión propuso reforzar estas normas en la Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada (2021-2025).

No obstante, no ha sido hasta la invasión rusa de Ucrania que los gobiernos europeos han sentido la necesidad de mejorar el rastreo de activos y las sanciones. Junto a la presente propuesta, los eurodiputados también están trabajando en una ley que armonice las definiciones y sanciones de las infracciones de las sanciones.

Amplio apoyo

La nueva legislación, que ha sido aprobado con 50 votos a favor, 4 abstenciones y 1 voto en contra, aspira a acelerar el embargo preventivo y el decomiso de bienes así como colmar las lagunas jurídicas.

En comparación con la legislación vigente, la nueva directiva cubre también el tráfico de armas de fuego, ciertos delitos cometidos como parte de una organización criminal y la violación de sanciones de la UE, que Bruselas propuso tipificar como delito en toda la UE el año pasado. En su posición, los eurodiputados proponen además incluir el tráfico ilegal de material nuclear, los delitos que sean competencia de la Corte Penal Internacional, el apoderamiento ilegal de aeronaves y buques, y el sabotaje

La comisión de libertades civiles pide cubrir la violación de sanciones europeas, el tráfico de material nuclear, el sabotaje y delitos bajo competencia del TPI

Oficinas de recuperación de activos

También proponen castigar a quienes eludan el decomiso con la ayuda de un tercero y permitir el decomiso en determinados casos en los que no sea posible una condena, por ejemplo, en caso de enfermedad o fallecimiento de un sospechoso. Los eurodiputados también quieren garantizar que las víctimas sean compensadas antes de la confiscación, especialmente en casos transfronterizos, y permitir que los activos confiscados se utilicen para fines sociales o de interés público.

Además, para que las investigaciones transfronterizas sean más eficaces, la ley armonizará las competencias de las oficinas de recuperación de activos creadas por los Estados miembros, garantizando que tengan acceso a la información necesaria, como registros de beneficiarios efectivos, información sobre valores y divisas, datos aduaneros y estados financieros anuales de las empresas. Para evitar que los activos se degraden, los Estados miembros tendrán que crear oficinas específicas para gestionar los activos confiscados.