Crisis social y política en Francia

Los sindicatos mantienen la presión en la calle, mientras Macron rechaza negociar sobre las pensiones

Más de 750.000 personas se manifiestan en la octava huelga general contra el impopular aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años

Los sindicatos mantienen la presión contra Macron en la calle.

Los sindicatos mantienen la presión contra Macron en la calle.

Enric Bonet

Los sindicatos franceses mantienen la presión contra la reforma de las pensiones, mientras empieza a agrietarse el enroque del Gobierno de Emmanuel Macron. Más de 2 millones de personas, según los sindicatos, y 740.000, según la policía, se manifestaron este martes en la décima jornada de movilizaciones contra la subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa). Representó la octava huelga general desde el 19 de enero. Pese a la dificultad evidente de impulsar este tipo convocatorias todas las semanas, aún más en estos tiempos de inflación, las calles estuvieron llenas de gente gracias a la elevada participación de estudiantes universitarios y de secundaria.

Más de 500 institutos —100 más que en la huelga general del jueves pasado— estuvieron bloqueados este martes. Sciences Po París, la Sorbona, la Universidad de Nanterre, Dauphine, pero también la facultad de Lille 1, Lyon 2, Toulouse 2… Es larga la lista de centros universitarios que no abrieron las puertas. Desde la imposición el 16 de marzo de la reforma a través de un polémico decreto, y sin una votación parlamentaria, la contestación social de la medida derivó a una indignación más generalizada, canalizada contra el presidente Macron. Un sentimiento de falta de democracia que favoreció una mayor implicación de los jóvenes.

"Muchos estudiantes han entendido que deben tomar el relevo en las protestas, puesto que los trabajadores no pueden renunciar a tantos días de sueldo", dijo a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Juliette, de 23 años, una estudiante en un Máster de Economía presente en la manifestación en París junto con una amiga. Entre 450.000 personas, según los sindicatos, y 93.000, según la policía, protestaron por los grandes bulevares parisinos, desde la Plaza de la República hasta la de la Nación. Fue una manifestación menos multitudinaria y agitada que la de la semana pasada, en que hubo un récord en el número de manifestantes en la capital.

El Gobierno rechaza negociar sobre las pensiones

"Por primera vez en los últimos dos meses, he decidido ir a la huelga, porque no me gusta cómo se está comportando el Gobierno. No quiere negociar y se opone a cualquier propuesta de los sindicatos (...). Macron ha perdido su kairos, su capacidad para entender el sentido de la época", lamentaba Catherine Reichert, de 45 años. Esta psicóloga participaba por primera vez en una protesta de la actual oleada, la más multitudinaria en el siglo XXI en el bullicioso país vecino.

"Confío en que retirará la reforma a pesar de haber sido aprobada. Así sucedió en 2006 con el CPE", un contrato laboral más precario para jóvenes, aseguraba Orlande, de 23 años, una estudiante de Magisterio que se mostraba esperanzada, a pesar de que el Ejecutivo centrista se muestra inflexible.

Hubo más de 200 marchas en todo el país. La participación decayó, pero se mantuvo en niveles elevados. Las huelgas se hicieron notar en el sector ferroviario —cerca de un 50% de los trenes fueron cancelados—, la recogida de basuras o las refinerías de combustible —en un 30% de las gasolineras de la región parisina hay problemas de escasez de gasolina. La Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y el Palacio de Versalles también cerraron sus puertas.

Probablemente en menor número que la semana pasada, pero se produjeron disturbios. Hubo bolsas de basura y barricadas en llamas en París, Rennes, Toulouse o Estrasburgo, además de enfrentamientos entre antidisturbios y grupos de agitadores de extrema izquierda. El Ministerio del Interior informó de 27 detenidos en la capital, según datos parciales.

Además, la jornada estuvo marcada por la propuesta de los sindicatos de posponer la aplicación de la reforma —prevista para septiembre, de manera progresiva— y sentarse a negociar. “Hemos propuesto al Gobierno (…) que posponga su proyecto y nombre a un mediador, como en cualquier conflicto social”, declaró Philippe Martinez, secretario general de la CGT. “No necesitamos a un mediador”, respondió Olivier Véran, portavoz gubernamental.

Tras haber tenido un tono más bien chulesco en su entrevista del 22 de marzo, Macron ha modulado un poco su discurso. El viernes dijo que estaba dispuesto a reunirse con los sindicatos, pero con la condición de no hablar sobre la reforma de las pensiones. La primera ministra Élisabeth Borne prometió que no volvería a utilizar el polémico artículo 49.3, “salvo por las leyes presupuestarias”. Los dirigentes sindicales no son ingenuos. Consideran estas declaraciones como un postureo por parte de Macron, cuya inflexibilidad ha abocado su popularidad a los niveles más bajos desde la revuelta de los chalecos amarillos.

No obstante, este enroque del macronismo empieza a mostrar sus primeras grietas. El MoDem, uno de los partidos que componen la mayoría presidencial, sí que es partidario de que haya una mediación. Además, tanto los sindicatos como el Gobierno tienen puestas sus miradas en la decisión del Consejo Constitucional, equivalente del Tribunal Constitucional. Según varios expertos, este organismo podría censurar parcialmente la ley debido a los múltiples mecanismos utilizados para acelerar los debates parlamentarios. Pero no se pronunciará hasta dentro de unas semanas. 

Clima tenso por la violencia de manifestantes y policías

Tras los numerosos disturbios y la dura respuesta policial del pasado jueves, el Ministerio del Interior había anunciado el despliegue de 13.000 agentes (5.500 de ellos en París). Fue la cifra más elevada de policías desplegados en la actual oleada de protestas, aunque lejos de los cerca de 90.000 en una de las protestas más tensas de los chalecos amarillos, en diciembre de 2018. Después de la aprobación del texto a través de un 'decretazo', el pulso por las pensiones se ha endurecido. El clima social se ha vuelto inflamable y con tintes insurreccionales.

Las autoridades informaron de cerca de 900 antidisturbios heridos desde el 16 de marzo, aunque la mayoría de ellos de manera leve. También se multiplicaron los casos de un uso abusivo de la fuerza policial. Por ejemplo, un sindicalista de la empresa ferroviaria SNCF perdió un ojo o una manifestante se quedó sin un dedo debido a una granada policial. A eso se le sumaron los duros enfrentamientos del sábado entre militantes ecologistas y la policía durante una manifestación contra unos grandes embalses en Saint-Solines, en el centro-oeste del territorio galo. Actualmente, dos de esos manifestantes se encuentran en coma y su vida corre peligro.

“Macron no es De Gaulle y no tengo nada claro que esta estrategia de putrefacción de la movilización social le funcione esta vez”, explica el sociólogo Karel Yon, especialista en el movimiento sindical e investigador en el CNRS y la Universidad de Nanterre. El dirigente centrista logró en 2019 darle la vuelta a la revuelta de los chalecos amarillos gracias a la cronificación de la violencia y presentándose como el "partido del orden".

Pero nada le garantiza que esta vez se repita la misma historia. Hasta el 70% de los franceses apoyan las protestas, según los últimos sondeos. En ellos se observa el respaldo más elevado a las manifestaciones desde que empezó el pulso con los sindicatos. Francia hierve de indignación. Y su bullicioso pueblo no se cansa de manifestarse.