Los inspectores de Trabajo suspenden la huelga sin que el Gobierno desencalle su reforma

Los inspectores de Trabajo han decidido suspender este martes al mediodía su huelga indefinida pese a no haber logrado sus objetivos. El paro 'sine die' de la 'policía laboral' ha durado un día y las cinco centrales convocantes han justificado su decisión de no seguir con la huelga por la politización que los socios de Gobierno han hecho de la misma.

El conflicto en la Inspección de Trabajo nace fruto de un conflicto entre el Ministerio de Trabajo -responsable de la Inspección- y el de Hacienda y Función Pública -responsable de la estructura funcionarial-. Las divergencias entre socios de coalición han ido posponiendo la ejecución de la reforma pendiente del organismo. Y poco a poco la indignación de las centrales ha ido a más, acelerada en los últimas semanas por el adelanto electoral.

No obstante, la prepración de la actual huelga indefinida no ha contado con la unidad en la que hasta ahora se había movido la plataforma unitaria de sindicatos. Si bien fueron seis las centrales que preavisaron de la huelga, finalmente fueron cinco las que la acabaron secundando, con CCOO descolgada por desavenencias internas a la hora de planificar las protestas.

Los inspectores iniciaron así la primera huelga indefinida en los más de 100 años de historia del organismo estatal con la fecha límite del 23 de julio. La pretensión era obtener garantías del Gobierno de que aprobarían la nueva estructura organizativa del cuerpo antes de disolver las Cortes. Y los mensajes que han recibido del Ejecutivo no han ido en esa línea, por lo que han decidido cesar el paro.

"El Gobierno de España ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo, cuando somos un servicio público, que llevamos desde 1906 trabajando para velar por los derechos de los trabajadores", reza el comunicado de fin de huelga de los sindicatos convocantes. Trabajo acusaba a Hacienda de dar un trato preferente a los funcionarios de los ministerios gestionados desde el PSOE y torpedear las negociaciones con los inspectores en clave electoral. Algo que desde Hacienda se ha negado.