El Gobierno ha ido armando y rearmando sucesivos escudos anticrisis desde que se desató la volatilidad de los precios de la energía hace ya casi dos años. El objetivo era paliar el impacto de la escalada de precios de la luz y el gas sobre los hogares y las empresas, y para ello se han ido poniendo en marcha medidas, rediseñándolas y prorrogándolas hasta levantar una “red de seguridad” frente la subidas desorbitadas de la luz y el gas que se prolongará durante todo el largo año electoral que queda por delante.

El Ejecutivo ha conseguido levantar planes de protección a los consumidores en caso de que vuelvan la tensión a los mercados de la electricidad y el gas y que evitarán subidas desorbitadas de las facturas de la luz y del gas para millones de hogares y empresas mediante topes de precios, rebajas de impuestos y ayudas directas hasta final de 2023, un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que terminará con el colofón de las generales, en principio, de diciembre.

‘Excepción ibérica’ hasta diciembre

España y Portugal acaban de conseguir el plácet de Bruselas para prolongar hasta fin de año la denominada excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz. El tope, que iba a expirar el próximo 31 de mayo, busca que el resto de tecnologías de producción de la electricidad no se contagien de nuevas subidas del precio del gas, que ha registrado máximos históricos durante la crisis energética.

El Ejecutivo calcula que el mecanismo ha ahorrado a todos los consumidores españoles más de 5.100 millones desde que se puso en marcha el pasado 15 de junio por la rebaja de los precios del mercado mayorista de la electricidad. La prórroga se pondrá en marcha con ciertos ajustes en el tope de precio que se aplica al gas para que las subidas sean más lentas, pasando del tope de los 55 euros por megavatio hora (MWh) actuales hasta los 65 en diciembre.

Durante el mes de marzo el mecanismo no se ha estado aplicando porque el precio del mercado mayorista de gas es inferior al tope que fija la excepción ibérica, una situación que puede prolongarse durante los próximo meses. Sin embargo, en caso de que los mercados de gas vuelvan a tensionarse el tope ibérico funcionará como salvavidas para los consumidores españoles y portugueses.

Una factura de la luz. EP

Impuestos, recortes y ayudas

El Ejecutivo también ha prolongado durante todo este año otras medidas que sirven para prevenir fuertes subidas de la luz. Durante todo este año se mantendrán las rebajas de impuestos que se aplican en la factura eléctrica, con un recorte del IVA del 21% al 5%, la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y la reducción al mínimo permitido por Bruselas del impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%.

El Gobierno activó como parte de sus primeros planes de choque contra el golpe de la crisis energética, a final del verano de 2021, un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la escalada de precios para disparar sus ingresos. En la práctica, el Ejecutivo ha impuesto desde entonces un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo mantendrá también al menos durante todo 2023.

El objetivo era que las compañías energéticas no vendiera la electricidad producida con nuclear, hidroeléctrica y parte de las renovables a los precios entonces desorbitados del mercado mayorista, disparados por el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO2, que estas tecnologías no soportan.

El mecanismo activado por el Gobierno obliga a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extraordinarios obtenidos con los contratos firmados por encima de un precio máximo marcado de 67 euros por megavatio hora (MWh) que, según los cálculos del Gobierno, era la barrera entre aprovecharse de manera injustificada de la crisis y no hacerlo. La suma de las cantidades que las compañías ya han tenido que devolver por ingresos excesivos en algo más de un año alcanza los 450 millones de euros.

En paralelo, el Ejecutivo ha reforzado el bono social eléctrico para consumidores vulnerables, ampliando las rebajas de la factura de la luz temporalmente hasta el 65% y el 80% del importe total como parte de las medidas anticrisis (desde entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad original), y también se ha prolongoado la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables.

El Gobierno también ha creado un nuevo tipo de bono social de manera excepcional y temporal para hogares de clase media con motivo de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra, con descuentos del 40% del recibo de luz para familias que, con dos adultos y dos hijos, pueden disponer de rentas anuales de hasta 27.700 euros. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una reforma del bono social para poner también límites en función de la renta a las familias numerosas, que hasta ahora reciben las ayudas directamente con independencia de sus ingresos.

Ayudas a la factura de gas

El Gobierno también ha levantado un blindaje frente a subidas de la factura del gas natural para millones de hogares con topes a las subidas de las tarifas reguladas y también aplica un límite de 19,55 euros al precio máximo que puede alcanzar la bombona de butano. El Ejecutivo está inyectando subvenciones que rebajan cerca de un 40% las facturas de los clientes con tarifas reguladas de gas y que se están financiando directamente con dinero público para amortiguar el impacto de la escalada de precios.

El Gobierno puso en marcha el pasado octubre un paquete millonario de medidas para limitar por ley las subidas que se pueden aplicar a los clientes con tarifa regulada de gas hasta final de 2023 y la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los hogares con calefacción central en su comunidad de vecinos. El Gobierno cubre con presupuesto público el agujero millonario que estas medidas provocarán en las cuentas del sistema gasista español, asumiendo el coste de la rebaja aplicada a unos 2,5 millones de clientes (aunque quedan fuera de la protección los 5,7 millones de consumidores con tarifas del mercado libre).

El Ejecutivo decidió prorrogar hasta finales de 2023 el tope a las subidas que pueden aplicarse a la tarifa regulada del gas, denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el Gobierno revisa cada tres meses fundamentalmente en función de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales. Como parte del plan de contingencia de medidas energéticas, el Gobierno también creó un nuevo tipo de tarifa regulada de gas a la que podrán acogerse las comunidades de vecinos que tienen calefacción central -hasta ahora no podían beneficiarse por sobrepasar el consumo máximo permitido- y que en la práctica servirá para rebajar en torno a un 50% la factura de los hogares que la contraten.