Los pisos turísticos se revuelven contra la sentencia del Supremo: prohibirlos no baja los alquileres

La patronal de los propietarios de pisos turísticos reacciona ante el respaldo del Tribunal Supremo a la prohibición de los pisos turísticos en comunidades plurifamiliares en todo el municipio de Palma de Mallorca. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que agrupa a las asociaciones regionales de propietarios y gestores, considera la reciente sentencia del Alto Tribunal un "despropósito" y fruto de la presión del sector hotelero.

En 2018, el Consistorio palmesano aprobó la prohibición de alquilar viviendas a turistas para combatir la problemática que había para los residentes a la hora de encontrar una vivienda en muchas zonas de la ciudad. La patronal del alquiler turístico de Baleares, Habstur, recurrió esta norma al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que le dio la razón y tumbó la norma. Sin embargo, el Gobierno municipal recurrió a su vez al Tribunal Supremo, que ha acabado respaldando la normativa.

"En vez de buscar soluciones, se prohíbe y se obliga a que esas viviendas se tengan que alquilar de forma tradicional”, explica el presidente de Fevitur, Miguel Ángel Sotillos, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. El objetivo de la normativa del Ayuntamiento de Palma era evitar la proliferación de pisos turísticos singularmente en los bloques de vecinos del centro de la ciudad, a pesar de que la regulación autonómica balear ya lo prohibía, y para contener las subidas de precios del alquiler que se registraba en el municipio.

Desde la asociación de propietarios se subraya que los precios de los alquileres de Palma no han dejado de subir a pesar del veto impuesto por el Ayuntamiento. Según la plataforma de big data inmobiliario Brainsre, los precios del alquiler en el municipio de Palma de Mallorca no han dejado de subir, no solo desde 2018, sino desde que comenzó la recuperación del mercado inmobiliario después de la burbuja.

En enero de 2018, alquilar una vivienda de dos dormitorios costaba de media 1.087 euros al mes. Ahora, con datos de final de año ofrecidos por los portales inmobiliarios, este mismo piso valdría 1.305 euros. Esto supone una subida del 20% en pisos de estas características. La media de los incrementos en todo el mercado es del 21,62%.

Desde Fevitur se apunta que los pisos turísticos solo suponen el 1,7% de todo el parque de viviendas en el municipio balear. Por esta razón, Miguel Ángel Sotillos se pregunta: "¿Cómo el 1,7% de pisos tiene la culpa de que el resto de la vivienda suba a doble dígito? El porcentaje es tan pequeño que puede tener una incidencia, pero no es la problemática principal. Hay un montón de condicionantes, pero lo fácil es echarle la culpa al alquiler vacacional".

¿Presión hotelera?

Fevitur tiende la mano para buscar soluciones específicas para buscar consensos sobre cómo regular el fenómeno de las viviendas de uso turístico, y señala a la presión del sector hotelero como una de las causas de que las administraciones estén optando por regulaciones restrictivas en algunas regiones y en algunos municipios.

"En la costa hay ciudades que viven del turismo y no tienen hoteles. Ahí no molestan los pisos turísticos. Esto quiere decir que los hoteles presionan a los políticos para no tener competencia, mientras lo disfrazan de problemas de seguridad”, subraya Sotillos. “Por ejemplo, se nos acusa de que gentrificamos los barrios. Si hay un hotel y un edificio de apartamentos llenos al lado, nosotros somos los que generamos la problemática. Pero es que si fuesen apartamentos de alquiler tradicional seguirían igualmente llenos", añade el presidente de la patronal.

Fevitur propone el modelo de San Sebastián

El presidente contrapone la prohibición aplicada en Palma y otros modelos de regulación como el de San Sebastián, basado en el consenso entre dueños de pisos turístico, el sector hotelero y la Administración municipal. "El modelo de San Sebastián está funcionando de maravilla", resume Sotillos.

¿En qué consiste el modelo de la ciudad vasca? Donosti cuenta con un censo municipal que sitúa cada uno de los inmuebles de uso turístico, con calle, número y piso. El Consistorio separa entre alquilar un inmueble completo o una habitación dentro de una vivienda habitual. Además, divide el mapa municipal en tres tipos de zonas: en las A, las más saturadas, se prohíbe implantar nuevos pisos turísticos o habitaciones; mientras en las zonas B y C se permite con excepciones. Todas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, tributar los ingresos en la Declaración de la Renta y enviar toda la documentación al Ayuntamiento de San Sebastián.

Los hoteles presionan al Gobierno

Las grandes empresas turísticas, por el contrario, meten presión al Gobierno para reforzar el control contra la proliferación de la oferta de pisos turísticos ilegales. Los grupos turísticos, singularmente hoteleros, reclaman al Ejecutivo una legislación estatal que sirva para hacer cumplir las normativas de comunidades autónomas y ayuntamientos que de facto no se cumplen para poner coto al nuevo boom de viviendas de uso turístico.

Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, grandes hoteleras como Meliá, NH, Riu, Iberostar o Palladium), alerta de un “crecimiento descontrolado” de los pisos turísticos en las ciudades españoles tras la recuperación del turismo tras el parón de la pandemia y pide al Gobierno tomar medidas para regular de la oferta ilegal tanto con legislación nacional como a través de la normativa comunitaria.

El lobby sectorial viene pidiendo al Gobierno aprovechar la futura Ley de Vivienda, ahora en tramitación parlamentaria, o aprobar uno o varios decretos ad hoc para establecer un régimen jurídico específico de las viviendas de uso turístico y de sus contratos, que establezca obligaciones a las plataformas online como Airbnb, Booking.com o Vrbo para evitar que puedan comercializar alojamientos ilegales y dar más poder a las comunidades de propietarios para poner coto al fenómeno.

Exceltur ahora también pretende elevar su lucha a la Unión Europea y pide al Gobierno español que aproveche la Presidencia de turno del Consejo Europeo, que ostentará en el segundo semestre de este año, para liderar el debate sobre el reglamento comunitario en ciernes para regular el alquiler turístico en la UE y hacer valer su posición de principal destino turístico del continente.

La Comisión Europea trabaja en un futuro reglamento para ampliar las exigencias de transparencia a las plataformas digitales para poner coto a la oferta de pisos turísticos ilegales, proponiendo incluso crear un registro de propietarios y viviendas en el que habría que estar inscrito de manera obligatoria para poder realizar alquileres turísticos.

En este sentido, Exceltur exige que la normativa nacional y la comunitaria garanticen por completo que una vivienda no pueda ofrecerse para alquiler turístico si no cuenta con una licencia específica que le habilite para ello, con lo que se podrían cumplir las limitaciones a la oferta de pisos turísticas ya vigentes en muchas ciudades españolas.