La comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha aprobado este jueves la ley que regula los impuestos temporales a la banca y las energéticas con quejas de la oposición y algunos socios del Gobierno por las prisas en la tramitación, y por la incorporación como enmienda del impuesto a las grandes fortunas.
El Gobierno vetó en un principio la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las de PSOE y Unidas Podemos, pero decidió después retirar su disconformidad en aras de una negociación que ha permitido pactar cambios como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de estos impuestos a las haciendas forales.
Durante el debate, PP, Vox y Cs han criticado el veto inicial a las enmiendas de la oposición y la introducción de una nueva obligación tributaria para las fortunas de más de 3 millones de euros, porque ya no se puede enmendar y porque interfiere en la autonomía financiera de las comunidades autónomas que tiene transferido el impuesto sobre el patrimonio.
Quejas por la premura en la tramitación
Se han unido a las quejas por la premura en la tramitación PDeCAT y PNV, aunque también han agradecido que el Gobierno se haya avenido a pactar con ellos algunos de los cambios introducidos.
Entre los cambios pactados con PNV y PDeCAT, la enmienda para excluir del pago del gravamen energético -que asciende al 1,2% de la facturación- la parte de los ingresos correspondiente a actividades reguladas, tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.
Asimismo, se han excluido todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.
Otra de las enmiendas recoge, tal y como había anunciado el Gobierno, limitar la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades al 50% en el ejercicio 2023, así como revisar las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas.
Asimismo, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu han registrado enmiendas transaccionales para que las haciendas forales de País Vasco y Navarra gestionen los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas.
Para ello, se fija en el texto que se da un plazo de tres meses para que la comisión mixta del concierto económico y la comisión coordinadora del convenio económico establezcan la participación del País Vasco y Navarra en los gravámenes.
También se especifica que el Gobierno realizará, en el cuarto trimestre de 2024, un estudio sobre los resultados de ambos tributos, con el objetivo de evaluar la posibilidad de darles carácter permanente.
Montero defiende el texto
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, considera que la proposición de ley en la que se plantea el nuevo impuesto temporal a energéticas "sale enriquecida". "Son elementos que no son sustanciales respecto a la configuración del impuesto", ha asegurado la titular de Hacienda en declaraciones a la prensa antes de asistir al acto de entrega de los XXIV Premios Mujeres Progresistas, que concede la Federación de Mujeres Progresistas, en la sede de Cruz Roja Española en Madrid.
Montero ha aprovechado para agradecer que los grupos políticos hayan visto como "un acierto" que la política fiscal vaya dirigida a financiar aquellas medidas enfocadas a la mayoría social y a pedir un mayor esfuerzo a los que en estos momentos tienen beneficios extraordinarios o tienen más capacidad económica.
"Creo que vamos en la buena dirección", ha reafirmado la ministra, tras recordar que justo este jueves el Reino Unido, que hace unos meses anunció una bajada masiva de impuestos que provocó la caída de la primera ministra, ha planteado un gravamen en los mismos términos.
