El Gobierno va a devolver a Extremadura 92,8 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017. La cantidad, que ya está prevista en los presupuestos autonómicos de 2022, no incluye los intereses de demora, que se regularán en una orden ministerial posterior. “Nosotros siempre preferimos el diálogo a la vía judicial, y en este caso ha dado sus frutos”, ha destacado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según ha defendido la Junta de Extremadura, este problema viene por una decisión "injusta y desleal" del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidaron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 92,8 millones de euros que no han sido transferidos. Esta cantidad ya se gastó en 2019 porque se contaba con ella y como consecuencia, tuvo impacto en el déficit autonómico.

Los casi 93 millones se reclamaron “formalmente” al Ministerio de Hacienda en febrero del año 2020 a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que otras comunidades como Castilla y León, Galicia, Cataluña o Madrid optaron por recurrir a la vía judicial.

En abril de 2021 el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez en una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León, que reclamaba 182 millones de euros, y en mayo hizo lo propio con Galicia (204 millones), lo que obligó al Gobierno a movilizar una primera partida de 3.500 millones de euros para saldar en 2022 la deuda con autonomías y ayuntamientos, que se financian también con una parte del IVA. En total, la cuantía pendiente del Gobierno con las comunidades por este concepto se estima en 4.150 millones de euros.

A diferencia de lo que hicieron otras comunidades autónomas, Extremadura apostó por el diálogo en lugar de recurrir a la vía judicial alegando que no todos los conflictos los tiene que resolver un juez. Una estrategia que ahora, según González, “ha dado sus frutos” y permitirá que Extremadura pueda cobrar su deuda con intereses de demora. “Lo excepcional es que por fin un gobierno reconoce que aquello que sustrajo otro gobierno no era legal, y lo ha devuelto a las comunidades autónomas”, ha insistido.

Financiación municipal

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a varios programas colaborativos de financiación municipal dotados en conjunto con 94,2 millones de euros. Se trata de una nueva planificación para la financiación municipal que permite a los alcaldes conocer los fondos con los que contarán en este ejercicio para planificarse y poder prestar "servicios de calidad".

Así, de estos 94,2 millones de euros 59 irán "directamente a empleo" para realizar en torno a 3.400 contrataciones (en este paquete se incluyen los tradicionales planes que se ponían en marcha cada año, como el Experiencia o el Plan de Empleo Social); 2,7 millones al mantenimiento de los centros de educación infantil; 3,5 millones a la financiación de las ayudas de mínimos vitales; 5,8 millones para las ayudas sociales de contingencias y más de 22 millones de euros para el mantenimiento de residencias y centros de día.

"Existe el compromiso de que la financiación municipal sea adecuada, suficiente y la mejor posible", ha explicado al respecto González, que ha defendido al Ejecutivo extremeño como "uno de los gobiernos más municipalistas de España". Según sus datos, la financiación municipal per cápita se sitúa en Extremadura en torno a los 207 euros, frente a los 99 del resto del país.