El Gobierno ha presentado este viernes la nueva propuesta de ERTE a patronal y sindicatos. Tras el portazo compartido por empresarios y trabajadores a la anterior propuesta de 'Mecanismo RED', que fue tildada de "farragosa", "intervencionista" o "irreal", el Ejecutivo ha simplificado el nuevo modelo para atraer así a los agentes sociales a un acuerdo. La nueva propuesta, según explican fuentes del diálogo social, habilita expedientes de entre uno o dos años de duración máxima, con reducciones de jornada de hasta el 70%, bonificaciones de las cotizaciones sociales para las compañías y veto a los despidos mientras dure el expediente; entre otros. Del último documento se cae la polémica obligación a las empresas de, en caso de querer despedir a un trabajador y que este se recolocara en otra empresa, pagar parte de la indemnización al Fogasa.
Desde opiniones divergentes, tanto patronal y sindicatos avisan de que las negociaciones no avanzan a la velocidad suficiente para poder cerrar la reforma laboral en los tiempos que pretende el Gobierno. Las centrales han destacado que después de la reunión de este viernes están más cerca de la entente que antes de la misma, pero no lo suficiente. "Tenemos la sensación de que la negociación no avanza con la debida celeridad", afirman desde UGT. "Habrá que seguir negociando con el objetivo de buscar un acuerdo, que hoy por hoy no se vislumbra", coinciden desde CCOO. "Seguimos trabajando en la mesa, sin novedad y pocos avances", comentan, por su parte, desde CEOE.
La nueva propuesta mantiene los dos supuestos según los cuales las empresas podrán solicitar ERTE con ayudas públicas: ante una crisis coyuntural de toda la economía o solo para un sector concreto, ante dificultades propias del mismo. En el caso de los 'ERTE cíclos', el expediente no podrá superar el año de duración. Y en el caso de los 'ERTE de sector', podrán durar un año, aunque con dos prórrogas adicionales de seis meses, es decir, hasta dos años. En esta segunda modalidad de expediente, la empresa deberá ofrecer un plan de recolocación para reciclar a aquellos trabajadores que considere que ya no podrán volver a incorporarse y puedan encontrar un nuevo empleo en otro sector.
En ambas modalidades el Estado ofrecerá bonificaciones del 50% a las cuotas de la Seguridad Social para incentivar que, como ha pasado ahora durante la pandemia, las compañías recurran al expediente y no al despido directamente. A cambio, el Gobierno exige que estos trabajadores reciban una formación mínima obligatoria durante su suspensión, cuya duración y carga lectiva todavía está por definir. A estos dos nuevos modelos de ertes cabe sumar el ya existente en caso de fuerza mayor, que podrán aplicarlo las empresas si se ven obligadas a cerrar temporalmente su centro o rebajar su actividad por motivos sanitarios, desastres naturales o decisiones administrativas.
Cambios en los procesos de recolocación
Y un elemento troncal de la antigua propuesta de ertes que se cae de la nueva es la relativa al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Los detalles de la misma eran los siguientes: el Gobierno pretendía articular un proceso puente para recolocar a trabajadores de una empresa en crisis a otra que precisara de mano de obra. Y para ello obligaba a la primera empresa a pagar al Fogasa el 50% de la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades). Y a la segunda le permitía, en caso de que el trabajador no acabara encajando y lo despidiera, no tener que asumir indemnización. Sería Fogasa quien la pagaría, lo que a su vez garantizaba al empleado que no perdería la antigüedad si asumía el riesgo de cambiar de empresa.
Este elemento enojó a patronal y sindicatos. A los empresarios les parecía asumir un coste demasiado elevado y no veían suficientes incentivos. Y las centrales veían en el formato una introducción encubierta de la 'mochila austríaca' con poca protección para el empleado ante el despido. Según cuentan fuentes del diálogo social, el Gobierno ha retirado este elemento de su propuesta.
Ahora la alternativa que ha planteado el Ejecutivo es una ayuda para las empresas que contraten a los trabajadores despedidos después de un erte sectorial. Es decir, si una empresa realiza un erte para aguantar la caída de ingresos, pero igualmente al final del proceso necesita despedir a gente, lo puede hacer por las vías ordinarias. Y el Gobierno plantea que, para hacer atractivo a otras empresas contratar a esas personas cesadas, otorgarles una bonificación de cotizaciones del 50% durante los primeros seis meses de contrato. Para que estas empresas puedan acceder a esta bonificación deberán ofrecer un contrato indefinido a esas personas.
Autorización del Consejo de Ministros
Otro elemento de la anterior propuesta que fue objeto de crítica por parte de los agentes sociales pero que se mantiene en el nuevo texto es la autorización previa de los ertes. De la misma manera que ahora, con las actuales prórrogas, las empresas pueden acceder a ayudas públicas -en forma de exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social-, la voluntad del Gobierno es que esto siga siendo así. Y, de la misma manera que ahora el Consejo de Ministros va validando prórroga tras prórroga, el Ejecutivo quiere guardarse la carta de ir decretando una especie de "estado de crisis", durante el cual las empresas puedan solicitar estos ertes con ayudas.
La diferencia con la anterior propuesta, introducida por el Gobierno para simplificar el mecanismo, es que no será necesario que la empresa que quiera registrar un erte deba presentar papel alguno ante el Consejo de Ministros. El procedimiento propuesto es el de un erte clásico y será ante la autoridad laboral competente, que habitualmente son las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña sería el Departament de Treball de la Generalitat.
