Desde el pasado miércoles hasta el mismo domingo, el Gobierno ha tenido momentos de incertidumbre con su propuesta de nuevas pensiones. No de angustia, porque el diálogo y la negociación no han cesado y porque el PNV dejó claro bien pronto que lo iba a respaldar, pero sí ha habido momentos en los que sus representantes han pensado que el proyecto podría no salir. Al final se ha asegurado el visto bueno de ERC, lo que unido al de los nacionalistas vascos, ha bastado. EH Bildu se ha abstenido.

Quedan en el "no" las formaciones del centroderecha y de la derecha, es decir, PP, Vox y Ciudadanos. Sus votos en contra no han impedido la aprobación del dictamen del proyecto de ley para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, este lunes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social del Congreso. El texto se trasladará al pleno el jueves próximo para su aprobación definitiva en la Cámara, y de ahí irá al Senado. No se prevén dificultades en la Cámara Alta.

Por tanto, como ha destacado el portavoz de ERC en la citada Comisión, Jordi Salvador, "no habrá recortes en las pensiones el 1 de enero de 2022". Como ha explicado, y como han defendido varios diputados, lo que se ha avalado este lunes es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una exigencia de la UE para favorecer el pago de las pensiones futuras en un ciclo demográfico que va a tensionar el sistema. En unos años llegarán a las edades de jubilaciones los ciudadanos/as de la llamada generación del "baby boom".

La auditoría para detectar gastos impropios

El Ministerio que dirige José Luis Escrivá propuso, de acuerdo con los sindicatos, aunque no con la patronal, elevar las cotizaciones en un 0,6 por ciento a partir de 2023 y durante los siguientes diez años. Espera recaudar en ese periodo unos 50.000 millones de euros. Habrá, además, mecanismos de supervisión y de eventual corrección a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Todo esto lo planteó a través de una enmienda presentada "in voce", es decir, ya después del plazo. Al haber visos de acuerdo, fue aceptada. Por tanto, al proyecto de ley se incorporará una disposición adicional nueva.

Habrá más medidas, sobre todo en las pensiones de personas con discapacidad, y sobre todo, la obligación de llevar a cabo una auditoría pública de la caja de la Seguridad Social, una reclamación de Esquerra desde hace años que por fin ha logrado. Salvador ha calificado esta novedad como "histórica", pues va a permitir localizar los desvíos de dinero, el "expolio", como ha resumido en una sola palabra.

El respaldo de ERC no estaba garantizado. Cuando se formó la ponencia, el miércoles pasado, incluso meditó retirarse de los trabajos en protesta por las formas del Gobierno, que ha impuesto un trámite exprés. Pero se avino a negociar y no le ha ido mal. El PNV dio su apoyo enseguida porque, según ha señalado su diputado Íñigo Barandiaran, las medidas que contempla garantizan las pensiones futuras. EH Bildu, sin embargo, se ha abstenido, lo que PSOE y Unidas Podemos también pueden interpretar como un éxito. El viernes, la formación abertzale estaba fuera.