Di María esquiva a Hacienda por la forma en que tributó cuando fichó por el Real Madrid

El futbolista Ángel Di María no deberá pagar las sanciones dictadas por Hacienda en relación con sus primeros años en España después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado las resoluciones dictadas en su contra. En una serie de sentencias a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se explica que el que fuera jugador del Real Madrid tiene derecho a acogerse a un reciente cambio en la jurisprudencia que avala la forma en que tributaron muchos deportistas en aquellos años.

La disputa entre Hacienda y el que fuera campeón de la Champions League en 2014 se originó prácticamente desde el momento en que el argentino llegó al Santiago Bernabéu. Según explicó entonces la inspección, el Real Madrid pagó directamente a su agente por las labores de intermediación a la hora de conseguir su fichaje desde el Benfica, equipo portugués. Sin embargo, el fisco consideró que esos pagos debían entenderse como parte del sueldo que el conjunto blanco pagaba a Di María, por lo que formaban parte de su base imponible.

Partiendo de esa base, es decir, del triángulo que formaban Di María, su agente y el Real Madrid, Hacienda concluyó que la tributación del extremo, que ha regresado al conjunto portugués tras pasar por el Manchester United, la Juventus y el PSG, era irregular en varios ejercicios en cuanto al IRPF y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes del año en que llegó, según consta en las resoluciones judiciales. En total, Hacienda le reclamaba 118.500 euros entre liquidaciones y sanciones.

En los recursos que acaba de estimar el Tribunal Superior de Justicia madrileño en tres sentencias del pasado 25 de septiembre, se explica "que la conducta de [Ángel Di María] no puede calificarse como culposa a los efectos del acuerdo sancionador que aquí se revisa, por cuanto en su momento existían dudas razonables acerca de la manera correcta de interpretar la norma". Es decir, que la justicia reconoce que la forma de proceder no estaba clara de acuerdo a la ley, y es por ese motivo por el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado dos veces durante el último año a fin de clarificar la jurisprudencia.

Una sociedad de los Pandora Papers

Todo esto, además, y según consideró probado la investigación de la Agencia Tributaria, se enmarca en un contexto mayor en el que Di María "simuló la cesión de sus derechos de imagen" a la sociedad panameña Sunpex Corporation, Inc, que era de su propiedad. Lo hizo, dijo la inspección Hacienda, apenas unos meses antes de fichar por el Real Madrid en el verano de 2010, "de modo que los ingresos de esta sociedad se consideran ingresos del jugador, con deducción de los correspondientes gastos", aunque ese es un procedimiento que se ha juzgado por separado.

Según se publicó en su momento, esa sociedad formó parte de los llamados Pandora Papers, una investigación que llevó a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publicaron La Sexta y El País. En ellos se desveló que el jugador habría fundado la empresa en Panamá en 2009 con el único objetivo de cederle sus derechos de imagen, y, de esa forma, vehicular a través de ella todos esos ingresos que llegaban desde marcas como Adidas o Coca-Cola.

En 2017, Di María asumió que había cometido un delito fiscal contra la Hacienda española por la forma en que movió hasta 8 millones de euros a través de Sunpex Corporation, Inc, razón por la que tuvo que pagar una multa de 2 millones de euros, según se informó en su momento. Sin embargo, el futbolista, lejos de abandonar ese esquema fiscal, siguió utilizándolo una vez que se mudó a Inglaterra para jugar en el Manchester United y en Francia cuando pasó a formar parte del Paris Saint-Germain.

Desde el entorno del jugador explicaron a los periodistas que conforman el ICIJ que utilizaron esta fórmula fiscal por una “recomendación” que en 2009 le hizo su contable, pero que el futbolista “no sabía que esa recomendación no era razonable para las autoridades españolas”.