Fiscalidad

Una sentencia anula el recargo a los combustibles que cobró la Comunidad entre 2013 y 2018

Un fallo del Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a los contribuyentes de la Región a reclamar los 4,8 céntimos por litro que pagaron

Una conductora reposta combustible en una gasolinera de Murcia.

Una conductora reposta combustible en una gasolinera de Murcia. / L.O.

María José Gil

María José Gil

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado ilegal un recargo del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos vigente en la Región entre 2013 y 2018 abre la puerta a la reclamación del dinero pagado de más por los contribuyentes. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado a La Opinión que el gravamen anulado por la Justicia europea en respuesta a una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo obligaba a los contribuyentes a pagar 4,8 céntimos por cada litro de gasolina y de gasóleo al repostar en las gasolineras.  

José María Mollinedo da por hecho que los contribuyentes tienen pocas posibilidades de reclamar la devolución, dado que los consumidores «no van a poder aportar facturas» que demuestren el importe abonado por el impuesto entre 2013 y 2018. A su juicio, las empresas de transporte serán casi las únicas que tendrán posibilidades de aportar las facturas necesarias para exigir la devolución, tal y como ocurrió hace diez años, cuando la Justicia europea anuló también el céntimo sanitario que el Ejecutivo murciano cobró hasta 2012.

«Sin facturas en las que conste el importe abonado» no se puede reclamar, sostiene.

Los contribuyentes solo pudieron pedir entonces la devolución del tributo pagado en los años 2010, 2011 y 2012, que sumaban una recaudación de unos 160 millones, aunque el céntimo sanitario estaba vigente desde 2002. 

Por otra parte, al haber transcurrido más de cuatro años desde que dejó de aplicarse el recargo anulado ahora por el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo, será preciso que los tribunales determinen si los contribuyentes que no recurrieron en su momento pueden pedir la devolución del periodo que ya ha prescrito.   

El secretario general de Gestha explica que tras la derogación del céntimo sanitario, el Ministerio de Hacienda camufló el gravamen anulado dentro del Impuesto de Hidrocarburos, cuya recaudación está compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, que reciben «el 58% del tipo estatal y el 100 del tipo estatal especial y del tipo autonómico. Fue una artimaña para mantener el impuesto», afirma el representante de los técnicos de Hacienda.

Añade que Murcia aplicó un recargo de 48 euros por cada 1.000 litros, que los conductores pagaban en las gasolineras, junto con el resto de los tributos que soportan la gasolina y el gasóleo, a razón de 4,8 céntimos por litro. La Comunidad Autónoma puso en la Región el recargo más alto, mientras que Madrid cobró 1,71 céntimos y Cantabria, 2,42 . 

También cobraron los 4,84 euros Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extramadura y Galicia

El tributo no se aplicó en Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja, mientras que estaban excluidas Canarias, Ceuta y Melilla.  

La sentencia difundida este jueves responde a la consulta prejudicial elevada por el Supremo a la Justicia europea antes de resolver la reclamación de la compañía DISA con la Agencia Tributaria a causa de unas solicitudes de devolución de ingresos tributarios abonados por la empresa.

«Generará reclamaciones»

El delegado territorial de la Asociación de Asesores Fiscales en Murcia, Francisco Iniesta, da por hecho que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «generará reclamaciones», aunque tiene claro que «hay mucha gente que no va a reclamar, porque hay cauces que el contribuyente desconoce». A su juicio, el fallo se produce a causa de «una mala praxis» tributaria.

Francisco Iniesta, que ejerció como anfitrión de las I Jornadas Tributarias de la Región de Murcia, apuntó que el fallo judicial fue uno de los temas estrella tratados en el encuentro. Añadió que, según las estimaciones de los ponentes, el importe de las reclamaciones podría alcanzar los 5.000 millones en toda España. 

Los participantes en las jornadas trataron también la implantación de la factura electrónica.