Ocho años de cárcel para dos acusados de simular ser intermediarios de seguros

La Fiscalía ha pedido una pena que suma ocho años de cárcel para un hombre y una mujer acusados de simular ser agentes intermediarios en la concertación seguros y que se encargaban de recaudar las cuotas a sus clientes, pero ingresaban el dinero en su cuenta corriente, sin dar de alta las pólizas.

El inicio del juicio está previsto este viernes, a las 9.00 horas, en la Sesión Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los dos acusados --que formaban un matrimonio-- se dedicaban aproximadamente desde 2012 a la explotación de un negocio de correduría de seguros a través de varias sociedades creadas a lo largo de los años.

En concreto, la acusada era la administradora única de la última de estas sociedades y, empleando esa entidad, el matrimonio había concertado la cobertura de seguros encargados por distintos particulares con diversas entidades aseguradoras.

Con esta "apariencia pública de agente intermediario", los acusados contactaron con un gran número de particulares que, creyendo en la veracidad del negocio, concertaron con el matrimonio pólizas de aseguramientos.

Detenido por usurpar una gran catidad de joyas de un familiar en la localidad de Abarán

Los clientes entregaron a los acusados las cuotas correspondientes de pago fin de que ellos gestionaran el alta de la póliza. Sin embargo, lejos de destinar el dinero al pago de los seguros, el matrimonio lo ingresaba en su cuenta corriente particular.

De esta forma, dejaban a todos los clientes sin cobertura de seguro obligatorio, por lo que muchos fueron multados por los agentes de policía al carecer de seguro obligatorio en vigor que garantizase una posible responsabilidad civil.

Incluso, los clientes tuvieron que hacer frente en algunas ocasiones a las correspondientes indemnizaciones, así como al pago de multas.

El Ministerio Público considera que los dos acusados son autores de un delito continuado de estafa por el que procede imponer la pena de cuatro años de prisión a cada uno de ellos. Además, la Fiscalía pide que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados.