Más de veinte mil ascensores de la Región, en riesgo de paralizarse si no se vuelven más seguros

Corren el peligro de quedarse en ‘fuera de juego’ si no cumplen con los nuevos requisitos mínimos de seguridad a partir del próximo 1 de julio. Más de 20.000 ascensores de distintas viviendas y edificaciones de la Región de Murcia están en riesgo de paralizarse y quedarse sin funcionar si no se adaptan a la normativa técnica aprobada por el Gobierno central y que impone la obligación de cumplir con nuevos estándares de seguridad, bajo la amenaza de que el ascensor se detenga si no pasa la inspección técnica requerida.

Una parte importante de estos elevadores llevan ya décadas subiendo y bajando personas, compras, así como distintos materiales y productos con un peso considerable. Por ello, el Ejecutivo publicaba el pasado mes de abril en el BOE la ‘Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 de Ascensores’, que entrará en vigor en menos de mes y medio.

Entre las medidas de seguridad que contemplan la nueva normativa están, aparte de las correspondientes inspecciones tanto iniciales como periódicas, la mejora de la accesibilidad del habitáculo a través de la nivelación del ascensor entre las distintas plantas, la protección del usuario contra el cierre de puertas mientras se entra o se sale de la cabina o contra movimientos incontrolados del elevador.

Tendrán que tener un sistema de comunicación bidireccional para pedir ayuda en caso de que haya alguna incidencia

También se tendrán que tener en cuenta los dispositivos de control de carga y que todos incorporen un sistema de comunicación bidireccional que permita a los usuarios atrapados pedir ayuda en cualquier momento a un centro de rescate en caso de que se produzca alguna incidencia.

No es solo un toque de atención para cumplir las exigencias. A toda aquella comunidad de vecinos o determinados propietarios que no tengan en cuenta estos nuevos requisitos podrían enfrentarse a una multa de al menos 60.000 euros.

La Asociación Empresarial de Ascensores de la Región de Murcia (AEARM), que está integrada dentro de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) estima que en la Comunidad hay contabilizados entre 33.000 y 35.000 ascensores. De este total, calculan que el 60% de ellos necesitaría readaptarse al menos a una de los nuevos requisitos recogidos en la normativa técnica.

Así lo expone a La Opinión el presidente de la asociación, Juan Marcos Vivancos, quien ve con buenos ojos la iniciativa del Gobierno de seguir mejorando la seguridad de estos montacargas, sobre todo aquellos que cuentan con más tiempo. «Si se incrementa la seguridad, se aumenta la calidad de los servicios».

Con el tiempo justo

No obstante, lamenta que el plazo de tiempo marcado por el Ejecutivo no va a ser suficiente para poner a punto todos los ascensores que necesiten someterse a alguna intervención. «Debería de haberse llevado a cabo porque en apenas dos meses no va a dar tiempo», explica. Es cierto que con la nueva entrada de esta instrucción técnica se da una serie de plazos a cumplir por tiempo. Entre las medidas de seguridad se incluye la mejora de la nivelación de la cabina, que deberá implementarse en un plazo máximo de seis meses si se produce un accidente debido a este motivo, y la protección contra el cierre de puertas automáticas. Asimismo, todos los ascensores deberán estar equipados con una cortina fotoeléctrica que cubra la apertura desde 25 hasta 1.600 milímetros sobre la base de la cabina. Esta modificación debe realizarse en un plazo de seis meses en caso de accidente y antes de un año para la inspección periódica.

Además, será necesario modificar elementos para prevenir o detener la cabina más allá del nivel del piso, así como reemplazar las guías de la cabina, los contrapesos y el chasis de los ascensores que utilicen paracaídas cilíndricos, de madera o raíl, salvo aquellos catalogados como patrimonio histórico artístico, que deberán reducir su carga en un 50 por ciento.

Los ascensores instalados antes del 6 de septiembre de 1952 con componentes de madera y cilindros huecos tendrán un plazo de tres años para adecuarse, mientras que los demás tendrán seis años. Para los instalados entre esa fecha y el 1 de abril de 1967, el plazo será de tres a ocho años, y para los instalados después de esa fecha, el periodo será de diez años a partir de la inspección.

Vivancos recuerda que en la mayoría de ascensores instalados en los últimos cinco o diez años ya se venía trabajando con todas las medidas que requiere ahora la nueva normativa, mientras que en aquellos que superan este tiempo posiblemente sí que habrá que comprobar paso por paso, requisito por requisito, qué se cumple y qué no.

Ahora les toca correr tanto a ascensoristas como a los administradores de fincas para informar a los vecinos de distintos edificios de las nuevas medidas que, en muchos casos, conllevarán gastos desde los cientos hasta los miles de euros, dependiendo de lo que haya que hacer.

Las comunidades de vecinos temen nuevas derramas

«Estimamos que serán muy pocas las comunidades de vecinos que tengan un fondo de reserva suficiente para poner al día un ascensor con estos nuevos requerimientos sin que surja una derrama fuerte». 

Así lo estiman desde el Colegio de Administradores de Fincas de Murcia.  

A pesar de ello, el portavoz del Colegio, Antonio Ruiz, asegura que las empresas han ido comunicando a los administradores que entienden que, en muchos casos, va a ser un «desembolso importante», por lo que «facilitarán la posibilidad de pagar poco a poco y en plazos más amplios de 12 o 24 meses las distintas necesidades que tenga el ascensor de una determinada comunidad». Sin ir más lejos, apunta, un variador de frecuencia ya cuesta «varios miles de euros» que tendría que pagar la comunidad de propietarios, a lo que habría que sumar otras posibles incidencias a resolver. «Al final, en términos económicos, todo va sumando», resume. 

Ruiz recuerda que a las empresas mantenedoras de estos elevadores se les ha dado ahora más atribuciones, por lo que si ven que un edificio un ascensor no cumple con las medidas de seguridad que se requerirán, podrán directamente parar la instalación y comunicarlo a la autoridad pertinente. 

«Lo que queremos transmitirle a la ciudadanía es que los administradores de fincas colegiados trabajamos estrechamente con las OCA (inspección técnica de ascensores) para que estos ascensores sean lo más seguro posibles, ya que son las propias empresas las que nos pasan a nosotros presupuestos y nosotros convocamos las juntas para llevarlo a asamblea con los vecinos para advertirles de si hay alguna una incidencia leve, grave o muy grave que podría dejar incluso el ascensor paralizado», añade. 

«Nosotros estamos para ayudar, guiar y asesorar, ya que somos los que mediamos entre vecinos y empresas a la hora de aconsejar lo que puede tener espera y lo que debe tener urgencia», sostiene el portavoz del Colegio en Murcia.