Social

El ingreso mínimo vital solo llega al 12% de las ciudadanos de la Región en situación de pobreza

Más de 25.800 familias de la Región se benefician de esta prestación

El porcentaje de la Comunidad es inferior al de la media nacional

Una madre lleva a sus hijos al colegio en una imagen de archivo.

Una madre lleva a sus hijos al colegio en una imagen de archivo. / L.O.

Adrián González

Adrián González

La prestación económica solo llega al 12,18% de los habitantes de la Región de Murcia que viven bajo el umbral de pobreza. Así lo alertó este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales: cuatro años después de la implantación del ingreso mínimo vital (IMV), de esta ayuda solo se beneficia este bajo porcentaje de usuarios, una tasa que se coloca ligeramente por debajo de la que se registra en la media nacional, que es del 12,19%.

Un total de 25.817 familias de la Comunidad fueron beneficiarias del IMV el pasado mes de abril, conformadas por un total de 89.004 personas, según los datos recopilados en el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Además, las familias murcianas que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son 14.242 hogares (41.050 personas) en la Comunidad.

Según los datos nacionales recopilados por la asociación, en abril, 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo recuerda que el ingreso mínimo vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada.

«El Estado no ha cumplido con su objetivo»

La asociación reprocha al Gobierno central que no haya establecido «ninguna coordinación» con los servicios sociales municipales para incrementar la cobertura de esta ayuda y denuncia las diferencias territoriales existentes entre comunidades, que van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco al 5,9% en Baleares.

Los gerentes de Servicios Sociales acusan al Ejecutivo de «no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país». 

Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son «sólo», según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. Asimismo, ha recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas).

«La realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa», explicó el colectivo. Y, añadieron, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV «sólo» llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

A nivel territorial, la asociación insistió en las «grandes diferencias» en esta implantación entre comunidades. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla la Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).

Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).

Ante estos datos, la asociación es «necesario un impulso aún mayor» para incorporar esta prestación en la gestión a los servicios sociales de Atención Primaria. Consideran que «los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social».

Sin embargo, lamentan, «el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del ingreso mínimo vital, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias».