Sanción a seis empresas murcianas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha hecho público el listado trimestral de empresas que han recibido una sanción firme, ya sea en vía judicial o vía administrativa. En total, 44 sanciones para 42 empresas, de las que seis tienen su sede en la Región de Murcia. Más del 60% de estas sanciones en todo el país tienen que ver con el incumplimiento de los plazos de pago y se reproduce en las infracciones murcianas. 

Las sanciones, que hace públicas esta agencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son de 1.800,6 euros para Diastic Group y Frutas Mardel por no atenerse a los plazos de pago, mismo motivo que la impuesta para Oricieza Frutas, aunque la cantidad asciende hasta los 3.001 euros. 

Las empresas vinícolas J. García Carrión y Parajes del Valle Bodegas y Viñedos han recibido una sanción de 3.601,2 euros y de 1.800,6 euros, respectivamente, por no formalizar por escrito los contratos alimentarios, tipo de multa que supone cerca del 14% del total.

También hay una sanción de 3.001 euros para Frutas Esther, por no incorporar al contrato alimentario el precio recogido en el artículo 9.1.c, que exige que el precio que tiene que percibir un productor primario o una agrupación siempre debe de ser superior al total de los costes asumidos por el productor o del coste efectivo de producción. Este incumplimiento supone casi el 16% de todas las sanciones del país. 

Además, a nivel nacional hay cuatro multas por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes y la de la empresa láctea Celega, de origen gallego, alcanza los 8.000 euros. Las empresas más reconocidas que aparecen en este listado son dos cadenas de supermercados: Alcampo, con dos sanciones por incumplimiento de los plazos de pago, y Dia Retail, por el mismo motivo. También aparece Bodega Iniesta, la empresa vinícola del futbolista manchego Andrés Iniesta.

El impulso para reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria es una de las reivindicaciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias en sus manifestaciones desde el pasado mes de febrero, cuando solicitaban el refuerzo y la creación de un organismo de control regional con los recursos suficientes para la realización de estudios de costes de forma prioritaria para producciones como las del sector vitivinícola, la almendra, los frutales y la ganadería bajo el sistema de producción en integración.