"Los delitos fiscales tienen un trato doblemente beneficioso para el defraudador"

¿A qué obedece este título ?

Estamos haciendo muchas comprobaciones a ciudadanos de a pie, pero no a grandes defraudadores. Encontramos a personas que se han olvidado de declarar una ayuda pública. Tras el terremoto de Lorca las primeras ayudas tenían que tributar. En aquel momento se declararon exentas, pero hasta el volcán de La Palma no se ha generalizado la exención. La Agencia Tributaria también requiere a personas que se han construido su propia casa y no saben que tienen que aportar las facturas de todos los pagos que han realizado en la obra para aplicarse las deducciones del préstamo. Muchos no pueden demostrar sus pagos.

¿Los ricos lo tienen más fácil?

Tal y como decimos en el libro, los delitos contra la Hacienda Pública tienen un tratamiento doblemente beneficioso para el defraudador. El apartado sexto le permite que en el plazo de dos meses, si se reconoce lo que ha defraudado y paga, pueda obtener una rebaja de uno o dos grados de la pena mínima. Cuando presenta una declaración complementaria y regulariza lo que no había declarado, ya no ha delinquido, tal y como ocurrió con los nueve miembros de la familia Botín que pagaron 200 millones. Esto es también lo que pasó con el rey emérito: cuando presenta una declaración complementaria de Donaciones y luego de la renta se entiende que él ya no ha delinquido. Si no lo hubiera hecho, podría haber sido condenado.

¿Es un trato muy blando?

Para nosotros es una anomalía del Código Penal en el tratamiento de estos delitos económicos, a diferencia de otros. Si alguien te roba y después se arrepiente y te lo devuelve, tiene el atenuante del arrepentimiento, pero va a ser condenado por el delito que ha cometido. No es un eximente.

¿Qué tratamiento se le da en otros países al delito fiscal?

Parece que España es una excepción. Hay una idea de hacer un Código Penal europeo, que establezca un tratamiento y unas penas armonizadas de los distintos delitos. Ahora estamos viendo en España conductas que se han calificado de rebelión o de sedición y que otros países no las contemplan. La Comisión Europea está trabajando para llegar a una unificación, incluidos los delitos contra la Hacienda Pública. Además, aquí tienen un trato más beneficioso, por ejemplo, que los delitos contra la Seguridad Social. En este último caso el delito se produce a partir de los 50.000 euros defraudados, mientras que en el primero nace a partir de los 120.000. El delito fiscal agravado se produce a partir de los 600.000 euros; en el caso de la Seguridad Social hay delito agravado a partir de los 120.000.

«Las primeras ayudas del terremoto de Lorca llegaron a tributar, aunque se corrigió»

¿Por qué esta diferencia?

Esto proviene de la consideración de que existe mucho fraude fiscal. Con la llegada de la democracia, con la reforma de Fernández Ordóñez, ya se estableció una suerte de amnistía fiscal para que los ciudadanos que tenían cuentas en el exterior hicieran una especie de declaración. Aquella fue la primera, pero ya se vio que las personas no declaraban los impuestos que le correspondían.

Parece la tesis de Montoro de que lo importante es que vengan.

El Gobierno socialista también aprobó una amnistía a principios de los 90. Era una deuda que estaba remunerada, pero con un interés más bajo, y quedaba cautiva durante varios años. Cuando a un ciudadano se le abría una investigación que generara una deuda fiscal, los incrementos patrimoniales que había obtenido los podía invertir en lo que se llamaba Deuda Pública Especial. Había un acta, pero el dinero lo podían recuperar y solo perdían rentabilidad.

¿A quién se le ocurrió eso?

A (Carlos) Solchaga. Pero aquello no eliminó el fraude. Y con la amnistía de Montoro de 2012 solo afloraron 12.000 millones. Entre los beneficiarios estaba la familia Pujol, que presentó una declaración complementaria de las cuentas que tenían en Andorra.

"La reducción del fraude exigiría tener más personal para perseguirlo"

¿Qué se podría hacer para reducir el fraude? 

Lo importante es prevenir la evasión fiscal mediante una normativa, que también exigiría que hubiera más manos para aplicarla. No se trata solo de endurecer las penas, sino de tener personal para poder perseguir ese fraude. Todos los estudios de economía sumergida marcan un rango de entre el 20% y el 25% del PIB, pero hay consenso entre los investigadores de que la tendencia es creciente. No hemos doblegado la curva. El máximo fraude se detectó en 2020, con el confinamiento, porque estábamos más concentrados. Ahora, la Agencia Tributaria ha implantado un modelo de espacios abiertos, como en el nuevo edificio de Murcia, que dificulta la concentración. En la Ley Antifraude hay dos disposiciones: hacer estudios de economía sumergida y alcanzar la media de plantilla de Europa. Tenemos la mitad de plantilla que los países que nos rodean. Esos países tienen la mitad de economía sumergida y duplican el personal. Si tenemos la mitad, no es extraño que dupliquemos el fraude. 

¿Murcia tiene más fraude?   

En la Región suele estar un punto por encima de la media, pero algún sindicato habla del 30% en el ámbito laboral. En el sector agrario hay personas que han vivido sin servicios del Estado y han tenido que resolverse sus problemas, que mantienen la cultura de otra época .

«El fraude del novio de Ayuso es de libro y fácil de descubrir»

¿Cree que la situación de Isabel Díaz Ayuso es comparable a la de Ana Mato? 

 Ana Mato, la exesposa (del que fue senador por Murcia) Jesús Sepúlveda, imputado en la Gürtel), tuvo que dimitir después de haber dicho que no sabía por qué estaba en su garaje el Jaguar regalado. Díaz Ayuso no sabe de dónde procede el dinero del Maserati de su pareja.

«La defraudación es de las se ponen como ejemplo en el Instituto de Estudios Fiscales»

La presidenta madrileña se siente muy protegida.  

Cristina Cifuentes resistió a la polémica del máster, pero no resistió al vídeo de las cremas. Isabel Díaz Ayuso habla de que su novio ha sufrido una investigación salvaje. Sin embargo, en el escrito de la Fiscalía se ve que es una defraudación de libro, muy simple, de las que se ponen como ejemplo en la escuela de formación del Instituto de Estudios fiscales. Es el caso típico: alguien que tiene unos ingresos elevados y no quiere pagar los tributos que le corresponden por el Impuesto de Sociedades ni la parte del IVA y se inventa una factura falsa. Es un fraude bastante burdo y ha sido bastante sencillo de descubrir. Normalmente en los fraudes del IVA se van interponiendo sociedades pantalla, a veces incluso en otros países, para complicar la madeja.

¿Cómo cree que acabará?   

Como habrá acuerdo con la Fiscalía, pagando las cuotas pendientes y los intereses de demora y aceptando la comisión de los delitos. El fiscal le ha dicho que también hay que contar con la Abogacía del Estado, que es la parte perjudicada. En este momento el juez aún no ha admitido la denuncia. Lo que se le imputa es el artículo 305 del Código Penal contra la Hacienda Pública, que establece varios requisitos: que pague, que reconozca que ha delinquido y que ayude a esclarecer lo que quede pendiente de esos delitos.