Fomento solo ha pagado el 8% de los bonos de alquiler concedidos

El Gobierno de España aprobó a principios de 2022 el Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros mensuales destinada al pago de la renta arrendaticia para jóvenes de entre 18 y 35 años bajo una serie de condiciones, como disponer de una renta igual o inferior a 3 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), entre otras. Sin embargo, son muy pocos los murcianos que, a día de hoy, pueden disfrutar de esta aportación. 

Según datos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras facilitados a La Opinión, hay 4.615 solicitudes dadas de alta para acceder al Bono Alquiler Joven, de las cuales a solo 1.688 se le han concedido, mientras que son más, 1.718, a los que les han denegado la ayuda. Por otra parte, 1207 expedientes aparecen como desistidos, 1 ha sido revocado y 1 fue inadmitido. 

El importe aprobado para los expedientes concedidos asciende hasta los 9.324.684,64 euros, más de 5.500 euros de media para cada uno de los 1.688 murcianos. No obstante, a fecha de 31 de diciembre de 2023 solo se habían realizado pagos por valor de 811.403 euros, menos del 9% del total. 

Fuentes de la Consejería explican que el pago entra en una «segunda fase», posterior a la concesión, que puede durar hasta tres meses después de la misma «siempre y cuando se aporten las facturas de pago de los alquileres».

El PP votará a favor de una enmienda a la totalidad para que el Gobierno central reduzca la burocracia del trámite

Además, las mismas fuentes explican que, cuando desembarcaron en el Gobierno, en septiembre del año pasado, solo se habían concedido 1,5 millones de euros, por lo que «en apenas tres meses cumplimos los plazos y concedimos 9,3 millones».

Este martes el Grupo Parlamentario Socialista lleva a la sesión plenaria de la Asamblea Regional una moción en la que pide al Gobierno regional que resuelva «de inmediato» los expedientes acumulados de solicitantes del Bono Alquiler Joven, así como que se ponga al corriente con el pago de todos los expedientes resueltos de manera positiva y cree un fondo propio específico que complemente este bono para aquellos jóvenes que queden excluidos del mismo.

El PSOE no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante su moción, ya que ni con Podemos logra una mayoría. El Partido Popular, por su parte, ha registrado una enmienda a la totalidad que cambia por completo el sentido de la moción, puesto que se acabará aprobando un texto para que la Asamblea inste al Gobierno central a reducir los trámites burocráticos de estas ayudas, puesto que los populares consideran que es el motivo del atasco. 

Los problemas para acceder a esta ayuda estatal se repiten por toda España, especialmente en las comunidades gobernadas por el PP. En Andalucía, más de 500 jóvenes denunciarán a la Junta porque solo ha pagado el 30% de los bonos en dos años, un porcentaje superior al alcanzado en la Región de Murcia. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por su parte, en torno 24% de las ayudas.

Parece que en otras comunidades la burocracia no afecta tanto, ya que en Castilla-La Mancha van al día y en Cataluña hay un 30% de las ayudas sin pagar. 

Se han concedido más de 8,5 millones en avales

Otra de las ayudas para acceder a la vivienda es el Aval Joven, para el que la en Región de Murcia se han concedido más de 8,5 millones de euros a través de los tres bancos con los que opera actualmente el Icref (Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia) y que son con los que ha firmado un convenio: Caja Rural Central, Caja Rural Regional San Agustín y Cajamar. 

El pasado 30 de enero, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad a otorgar garantías a través del Icref de hasta los 16.250.000 euros. Desde la Consejería de Fomento se va a proponer avalar a un mayor número de operaciones y seguir ayudando a los jóvenes en la compra de su primera vivienda. Desde la Comunidad critican que el plazo del aval impulsado por Moncloa es de 10 años máximo y no se concede a quien tenga un patrimonio superior a 100.000 euros. Además, critican que establece un límite máximo de precio de venta o tasación, lo que les sugiere un «intervencionismo que se traduce en un aumento de los precios».