Dos activistas, al banquillo por parar las obras de la Cala del Pino

Dos activistas medioambientales de Por Un Mar Menor Vivo, Victoria S. y Estela .R., están citadas en los juzgados de Cartagena este mismo mes por haber intentado parar los trabajos de urbanización el pasado mes de abril en la Cala del Pino, situada en la zona de La Manga.

En la cédula de citación, a la que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Cartagena cita a ambas porque fueron denunciadas como presuntas autoras de un delito leve de coacciones. Han de presentarse en los juzgados de la calle Ángel Bruna mañana, día 13, a mediodía.

Según indican las denunciadas a este diario, cuando vieron que una excavadora arrasaba con la vegetación, «entramos a la parcela que estaba abierta y nos sentamos en la cuchara de la pala avisando previamente a los operarios de nuestras intenciones. Una vez sentadas, apenas estuvimos dos minutos y nos retiramos cuando apagaron los motores». Lo hicieron porque «es el único acantilado del Mar Menor, un lugar de alto valor paisajístico, donde admirar la belleza de las islas y las puestas de sol desde la paz del silencio y la naturaleza».

Victoria asegura que no había un cartel informando sobre las obras (que pusieron posteriormente), que «no se estaba respetando la moratoria» y que vieron cómo había plantas protegidas o de carácter especial que estaban siendo arrojadas a un contenedor.

El abogado de ambas -que es uno de los precursores de la ILP-, Alfonso Manzano, subraya que ya no es cuestión de lo que es legal o no, sino moral: la edificación en la ladera «es un atentado ecológico, una barbaridad desde el punto de vista medioambiental poner una edificación en mitad de la ladera de la Cala del Pino, donde el 90% de los colegios han llevado a los niños allí por ser un lugar idílico de lo que es la parte de La Manga, independientemente de que tengan autorización o no para hacerlo». Las dos se enfrentan a una pena de multa de entre uno y tres meses, pero el letrado insiste en que esta no es la cuestión: cree que es «una barbaridad» defender la legalidad de la destrucción de la ladera, pues se trata más de un tema «moral».

Por estas movilizaciones pusieron también una multa de 300 euros a otra activista y, además, portavoz de la plataforma, Carol R., ya que se informó de esta acción al Consistorio de Cartagena en vez de a la Delegación del Gobierno, que sería el organismo competente.

«A mí no me da miedo nada ni nadie», asegura Victoria. Por su parte, Estela explica que ella «nunca antes se había enfrentado directamente a una situación tan incómoda y dolorosa como es presenciar la destrucción de un lugar tan hermoso».

Las dos creen que la denuncia busca disuadir los movimientos vecinales «que tratamos de conservar nuestros espacios naturales y nuestra soberanía como pueblo para continuar destruyendo y especulando a cambio de intereses puramente económicos, sin tener en cuenta el futuro a corto y medio plazo de los daños, en este caso irreversibles».