Deportes concedió 60.000 euros a una institución que preside su jefe de servicio

El ya exjefe de servicio de Deportes de la Comunidad, Eduardo Segarra Vicens, fue denunciado por presuntas incompatibilidades en el cargo, ya que ocupaba la Presidencia del Colegio Oficial de Educadores Físico Deportivos de la Región de Murcia (Colef) desde 2018, una institución que ha recibido de la propia Consejería de Deportes cuatro subvenciones por valor de 15.000 euros cada una entre 2020 y 2023. 

En el escrito, presentado por un particular en el registro de la Comunidad en marzo de 2023, se explica que Segarra pertenece y preside el Colef, «una actividad directamente relacionada con la que gestiona en la Dirección General de Deportes», que tiene a Francisco Javier Sánchez como responsable. Por este motivo, acusa al Gobierno regional de incumplir la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

En cuanto a las ayudas recibidas por el Colegio Oficial, en el momento en el que se registró el escrito, el Gobierno regional había concedido hasta tres subvenciones al Colegio, que sumaban un total de 45.000 euros. Meses después, en noviembre, llegó la cuarta ayuda por la misma cantidad, sumando así hasta los 60.000 euros los recibidos por la institución presidida por Segarra. El denunciante subraya la «presunta influencia» que este funcionario pudiera haber tenido sobre «otro funcionario público o sobre el propio director general», Francisco Javier Sánchez, para «decidir en la gestación, elaboración o trámite de las subvenciones». 

Segarra Vicens también es vocal en el Consejo Asesor del Deporte. Ha de serlo como Jefe de Servicio, sin embargo, ocupa el cargo como presidente del Colef, un puesto externo a la propia administración. 

También es secretario del Consejo de Administración de una empresa pública, Región de Murcia Deportes SAU, que gestiona el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Los Alcázares. En este centro consta como único apoderado el propio director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez. 

La Dirección General contesta

Desde la Dirección General de Deportes confirmaron ayer a esta Redacción que «como es habitual en el desarrollo normal de su actividad y realiza con numerosas instituciones, se ejecutaron tres subvenciones, una por año, y por valor de 15.000 euros cada una, al Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, Educadores Físico Deportivos, para la promoción, desarrollo y expansión de la marca de calidad ‘Centro Deportivo Saludable’». Aunque son cuatro en total, no tres, desde la Consejería señalaron también que «dicho funcionario se abstuvo de dichos procesos, no teniendo actuación alguna como funcionario en los mismos ni constando su intervención directa en estos procedimientos».

Además, indican que el jefe de servicio, «al haberse jubilado, ya no forma parte del personal de esta administración pública».

La Consejería asegura que el empleado público "se abstuvo" y no intervino en el proceso de concesión de ayudas

Sobre este punto, La Opinión ha podido confirmar que Eduardo Segarra Vicens, después de varios años prorrogando su actividad en la administración autonómica (desde 2022), se jubiló el jueves de esta misma semana. No solo eso; su marcha se produce después de que desde la Dirección General de Función Pública instara a la Dirección General de Deportes a que abriera un expediente a su jefe de servicio, ya que desde marzo de 2023 no se había incoado ningún tipo de investigación sobre los hechos denunciados. Fuentes de la Consejería niegan, sin embargo, que hubieran recibido «ninguna solicitud o comunicación en ese sentido».

Segarra, en una comunicación interna de la Dirección General, se despidió el jueves asegurando que ha decidido, «por cuestiones estrictamente personales, no continuar y pedir por ello la jubilación, que será inminente».

Se da la circunstancia de que el jefe de servicio de Deportes también es profesor asociado de la Universidad de Murcia (UMU). No obstante, desde la Dirección General aseguran que sí les consta la compatibilidad solicitada y que fue autorizada por el órgano competente, «siendo esta ajustada a derecho».