Conchita Ruiz exigirá al Ministerio que asuma el 50% del gasto en Dependencia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, se reunirá el próximo 8 de febrero con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para exigirle al Gobierno de España que asuma el 50% del gasto en Dependencia de la Región de Murcia.

La demanda se produce después de que el pasado mes de noviembre, el Partido Socialista llegara a este mismo acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco a cambio del apoyo de estos últimos a la investidura de Pedro Sánchez.

El acuerdo publicado con EAJ-PNV dice expresamente que «se abonará por parte del Estado a la CAV el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo».

Entonces, el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar, aseguró que hasta ahora la autonomía estaba asumiendo el 86% del pago.

En los últimos cinco años, la Región ha pagado 1.178 millones y el Estado solo se hizo cargo de 294 millones

La situación no es muy diferente en la Región de Murcia. Según datos facilitados a La Opinión por la propia Consejería, el Gobierno murciano soporta el 75% de la financiación de la Dependencia, mientras que el Estado solo asume el 25% restante.

En 2023, el gasto en este servicio alcanzó los 292 millones de euros, de los cuales más de 221 millones fueron asumidos con fondos propios de la Comunidad.

Fuentes gubernamentales informan que, desde el año 2018 hasta 2023, la Dependencia en la Región ha tenido un coste global de 1.472 millones de euros, de los que algo más de 294 millones fueron financiados por el Estado, mientras que el Gobierno regional de Murcia asumió casi 1.178 millones de euros.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que «una financiación estable y acorde a las necesidades de la población en situación de dependencia en la Región de Murcia por parte del Estado permitiría, además, ampliar el número de beneficiarios de prestaciones económicas que contribuyen a la permanencia de los usuarios en el hogar y a la promoción de la autonomía personal».

La falta de financiación es más sangrante dado que la Región de Murcia es la comunidad peor financiada de España junto la Comunidad Valenciana.

De hecho, la situación es también muy similar en esta última autonomía, donde la Generalitat denuncia que el Gobierno solo paga el 20% de la Dependencia. Su vicepresidenta y consejera de Igualdad, Susana Camarero, viajó el pasado lunes a Madrid para reunirse con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y volver a reivindicar la parte que debería recibir la Comunidad.

Por otra parte, Conchita Ruiz también pedirá al responsable nacional de Derechos Sociales que el Plan de Choque de la Dependencia sea plurianual y no anual, como está siendo hasta el momento. El objetivo sería «garantizar inversiones que permitan reducir la lista de espera a través de la contratación estable de personal y la creación de plazas en centros residenciales, de día y servicios de promoción de la autonomía personal», indican las mismas fuentes.

Predisposición del ministro

Las últimas declaraciones del ministro de Derechos Sociales al respecto hacen suponer una predisposición del Gobierno a satisfacer las exigencias de la consejera.

El pasado 4 de enero, Pablo Bustinduy se comprometió a incrementar hasta el 50% la aportación del Estado a la financiación de la dependencia en España tras la reunión que mantuvo con el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano.

1.400 muertos en lista de espera

El XXIII Observatorio de la Dependencia que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales difundido el pasado mes de octubre señala que «entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 1.423 personas en lista de espera, sin haber llegado a ser atendidas», a pesar de que Murcia recibió entre 2021 y 2022 casi 50 millones de la aportación extraordinaria del Estado recogida en el Plan de Choque.

A esta cifra hay que sumar otras 5.940 personas con solicitud de dependencia, «un 30,10% más de lo esperado», precisa el informe.

La asociación ponía de relieve que, a pesar de ser un objetivo prioritario del Plan de Choque, la Región no sólo no la redujo, sino que aumentó la lista de espera de personas desatendidas que se encuentran en «el limbo» por segundo año consecutivo, disponiendo en esos momentos de más de 6.525 personas dependientes a la espera de recibir una prestación.

Entonces, la consejera Conchita Ruiz aseguró que «la Región ha incrementado la financiación en Dependencia por encima de la media de los dos años anteriores, destinando cerca de 200 millones en 2022 con el fin de atender el incremento de solicitudes, cifrado en más de 54.000, y mejorar los servicios que se prestan a los usuarios desde el Instituto Murciano de Acción Social».

El Gobierno autonómico también pide que el Plan de Choque de la Dependencia sea plurianual y no anual

¿Hasta qué punto debe financiar el Estado este sistema?

La Ley de Dependencia no establece ningún porcentaje en cuanto a la cantidad que deben asumir las distintas administraciones públicas en cuanto a la financiación de este servicio. 

Lo que sí dice la norma es que la asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida.

Asimismo, la ley recoge que, en todo caso, la Administración General del Estado (AGE) garantizará la financiación para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia.

En el marco de cooperación interadministrativa, los convenios que se suscriban entre la AGE y cada una de las administraciones autonómicas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del sistema. Dichos convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes.

Además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio es la que determina la cuantía y la forma de abono a las Comunidades de las cantidades necesarias para la financiación de la dependencia.

Fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad entienden que lo único que recoge la normativa es que las comunidades autónomas deben asumir, como mínimo, la misma cantidad que asume el Estado. En el caso murciano, como en el resto de autonomías, la Comunidad asume la mayor parte.

La situación en todo el país, además, tiende a agravarse ante el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.