Disputa por los 303 millones de la Diputación Provincial que recibe el Gobierno

El destino de los 303 millones que la Comunidad Autónoma recibirá del Estado el próximo año como heredera de la antigua Diputación Provincial y de los 200 millones de las llamadas «competencias impropias» que financian los ayuntamientos han centrado buena parte del debate sobre el presupuesto de la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior, cuyo titular, Marcos Ortuño, ha presentado este lunes ante la comisión de Hacienda de la Asamblea Regional.

Ortuño ha explicado que el presupuesto total de la Consejería de Presidencia asciende a casi 35 millones, un 13,5 por ciento más que el de este año, y ha precisado que «cinco de cada diez euros» irán a los ayuntamientos de la Región».

Ha defendido en su intervención que los fondos destinados a los consistorios aumentarán un 60% en 2024 y ha destacado que la dotación del Plan de Obras y Servicios sube de seis a nueve millones, mientras que la asignación del Plan de Pedanías (destinado a los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca) pasa de dos a tres millones.

Además, los ocho ayuntamientos más pequeños, con menos de 5.000 habitantes, se beneficiarán de un fondo dotado con 1,2 millones de euros, y los que poseen una población de hasta 20.000 personas recibirán 1,4 millones de euros para colaborar en la financiación de las aportaciones para las cuotas al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

La Consejería también aportará 1,5 millones para actuaciones destinadas a evitar la despoblación en los municipios que están perdiendo habitantes.

La Dirección General de Administración Local, con un presupuesto total de 19.326.915 euros, concentrará en 2024 la mayor parte de los recursos de la Consejería. De ellos, 17,5 millones de euros corresponden al Plan de Cooperación Local, que reciben directamente los ayuntamientos de la Región, según ha indicado el consejero.

El Boletín Oficial de la Región, encargado de las publicaciones oficiales de la Administración regional, dispondrá de un presupuesto de 2,1 millones de euros.

También ha destacado las actuaciones en cooperación y acción exterior, como el Plan Golondrina, que permite estudiar en la Región a los hijos y nietos de los emigrantes murcianos.

La parlamentaria socialista Virginia Lopo ha vuelto a reclamar que los 303 millones asignados a la Comunidad como heredera de la desaparecida Diputación Provincial sean destinados a los ayuntamientos, a los que considera los destinatarios de estos fondos. También ha recordado que los consistorios se gastan más de 200 millones anuales en servicios que son competencia de la Comunidad, aunque el Ejecutivo regional se desentiende de ellos «por desidia y dejadez».

 Igualmente, le ha reprochado que el Gobierno murciano ignore la obligación de contribuir a la financiación de los consistorios, de igual forma que hace el Estado, y lo ha acusado de «incumplir el artículo 152 de la Constitución desde hace 28 años».

Ortuño le ha reprochado a la parlamentaria socialista que vuelva a plantear el mismo debate por tercer año consecutivo y ha asegurado que «el dinero de la Diputación va al hospital Reina Sofía».

 Por su parte, el diputado de Podemos Víctor Egío ha criticado que la Consejería de Presidencia destine 23.000 euros a espectáculos públicos de carácter taurino y financie la Escuela de Tauromaquia. También ha dicho que la Comunidad «tendría que haber estado más pendiente» de lo que ocurre en este centro, en referencia a «las denuncias por abusos sexuales muy graves» que sufrieron alumnos de Tauromaquia.

Ortuño le ha contestado que los espectáculos taurinos son «bien de interés cultural en la Región».

Transparencia pierde presupuesto al ceder Participación Ciudadana a Interior

Las críticas al Ejecutivo regional por conceder ayudas de la Comunidad Autónoma a dos medios de comunicación de ámbito nacional cuyos titulares son los periodistas Eduardo Inda y Javier Negre y el reparto de la financiación asignada al Consejo de la Transparencia entre Presidencia e Interior, cuyo titular es José Ángel Ántelo, el vicepresidente de Vox, han caldeado el debate sobre los presupuestos presentados este lunes por Marcos Ortuño.

Los disputados Juan Andrés Torres, del PSOE, y Víctor Egío, de Podemos, han detectado la rebaja en los fondos destinados al Consejo de la Transparencia, que han planteado como un nuevo intento de controlar y limitar su funcionamiento por parte del Ejecutivo.

A juicio del parlamentario socialista, «el Consejo de la Transparencia está prácticamente desmantelado» desde que se le privó de su propio Registro y se quedó sin la sede electrónica que le permitía funcionar con un organismo autónomo, sin la tutela del Ejecutivo al que debe supervisar. También ha advertido de que ha disminuido el presupuesto destinado al capítulo de personal.

Egío ha coincidido en que el órgano encargado de velar por el buen gobierno está «paralizado desde 2022, con una web que no funciona y con casi todo el equipo técnico vacante» y contará con menos ingresos el próximo año. También le ha afeado al consejero las subvenciones destinadas a Inda y a Negre, a los que ha tachado de «criminales» por incitar al odio.

 Marcos Ortuño ha contestado a ambos diputados que la explicación a esta rebaja presupuestaria en la Transparencia está en el traspaso de las competencias de Participación Ciudadana a la Consejería de Interior.

Egío también le ha recriminado a Ortuño que ejerza de «visir» del presidente López Miras mientas anda «de sarao en sarao».

El consejero de Presidencia ha respondido que el jefe del Ejecutivo regional ha ido a Bruselas a defender «la vulnerabilidad de la Región frente al cambio climático» con el fin de conseguir fondos adicionales para Murcia, pero entonces ha encendido las quejas del parlamentario de Vox Ignacio Arcas, que ha tachado de «suicida» la Agenda 2030 y ha mostrado su rechazo a iniciativas como la Cátedra de Desarrollo Sostenible.