La Comunidad propone sancionar con casi 800.000 a una empresa por vertidos ilegales al Mar Menor

La Consejería de Medio Ambiente ha emitido una propuesta de resolución para el expediente de responsabilidad medioambiental a una de las empresas acusadas por daños al Mar Menor ocasionados por la actividad de las tres instalaciones ilegales de desalobración de aguas que se encontraban en diferentes fincas explotadas por la mercantil, la multinacional francesa Ciky Oro. 

La Consejería propone que se exija a la mercantil, que desarrolla una actividad de comercio al por mayor de frutas y hortalizas y exportación de productos hortofrutícolas originados, y es regante de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, el coste total de la reparación de los daños, que asciende a una cuantía de 798.852,49 euros.

La Consejería considera «significativos» los «daños medioambientales causados a especies silvestres (fauna y flora), los hábitats, y las aguas del Mar Menor», todos ellos recursos naturales afectados por la actividad de las tres instalaciones desalobradoras ilegales identificadas. A la hora de calificar los daños como «significativos», en la propuesta se destaca el Informe de la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático, de Dirección General de Medio Natural de 14 de diciembre de 2022, en el que se concreta que la intensidad del daño realizado por la empresa a la que se propone multar «se puede considerar aguda, debido a que su actividad ha constituido un 40% [...] del total de nitratos que han entrado al Mar Menor del total de las desalobradoras precintadas, lo que se ha calificado como infracción muy grave respecto a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad».

En concreto, la empresa habría realizado «un vertido del rechazo de salmuera con nitratos sin depurar, en total, por las 3 instalaciones desalobradoras ilegales, de 1.389.308,67 metros cúbicos», el equivalente a 555 piscinas olímpicas, entre los años 2012 y 2016.

El operador tendría que satisfacer así los gastos de la desnitrificación de las salmueras vertidas para la recuperación por parte de la Administración de los costes en los que ha incurrido por las medidas de reparación que ya están ejecutadas por la Dirección General del Mar Menor, que tiene un «plazo de cinco años para exigir al operador responsable la obligación de satisfacer los gastos en los que se ha incurrido».

Ahora la empresa tendrá diez días, tras la recepción de la notificación de la propuesta, para formular alegaciones y presentar aquellos documentos e informaciones que estime pertinentes.

También lo podrán hacer Ecologistas en Acción y Pacto por el Mar Menor, que se personaron como denunciantes. 

Cabe recordar que a principios de septiembre este diario ya informó de que la Comunidad propone sanciones que suman 2,45 millones de euros para siete empresas agrícolas del Campo de Cartagena por el uso de desalobradoras ilegales, hoy precintadas, y el vertido al Mar Menor de cerca de 4,26 hectómetros cúbicos de salmuera en un periodo de poco más de cinco años, entre 2012 y 2017.