Martínez-Cachá actuó por interés político con la tubería del Carmolí, sostiene el fiscal

El fiscal aseguró este martes en la última sesión del juicio por un delito de prevaricación celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia contra la exconsejera de Agricultura Adela Martínez-Cachá y el exdirector general del Agua Andrés Martínez Francés por la instalación de una tubería en El Carmolí para evitar vertidos al Mar Menor, que ambos actuaron movidos por un interés político.

La acusación estatal, que solicita para cada uno de ellos doce años inhabilitación especial para empleo o cargo público, mantuvo que incurrieron en ese delito al realizar las obras sin instar previamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que considera era preceptiva.

Por su parte, los letrados defensores afirmaron que el trayecto de la tubería, con la que se pretendía evitar que los vertidos de la rambla de El Albujón llegaran a la laguna, al derivarlos hacia la desaladora de la Comunidad de Regantes de Cabo de Palos (Cartagena, Murcia), no afectaban a terrenos de la Red Natura 2000, por lo que esa declaración no era necesaria.

El fiscal sostuvo durante la exposición de su informe que el proyecto fue «una obra de márketing, con la que se pretendía dar la imagen de que la administración era eficiente», y añadió que puentearon a la Dirección General de Calidad Ambiental, que era la llamada a emitir la DIA.

Comentó asimismo que «orillaron» ese deber sabedores de que el mismo supondría una tramitación que alargaría el proceso de ejecución de los trabajos, para añadir que el proyecto era impreciso, ya que estaba falta de concreción.

La acusación, que es ejercida en nombre de Ecologistas en Acción y que reclama diez años de inhabilitación para cada uno de los acusados por el mismo delito, recalcó que la declaración de emergencia de las obras, que se iniciaron en septiembre de 2016, no estaba justificada, y ha añadido que se hizo con la idea de que así se evitaba someterlas previamente a la DIA.

El letrado defensor de Martínez-Cachá, Jesús Andrés Sedano, pidió su absolución al decir que la tramitación del proyecto de la tubería fue «impecable» y que su finalidad «fue totalmente legítima».