El juez imputa al concejal Perona tras reabrir la causa de las órdenes de vedas de caza sin evaluación ambiental

El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha reabierto la investigación por las órdenes de veda de caza que dictó la Consejería de Medio Ambiente para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 sin que se llegara a realizar una evaluación ambiental que estudiara las consecuencias sobre los espacios protegidos de la Región de Murcia. La actuación judicial llega tras la petición de la Audiencia Provincial de Murcia de volver a retomar las diligencias al considerar que la Comunidad incumplió un paso obligatorio en la tramitación de estas normativas que regulan la actividad cinegética en la Región.

La novedad en estas diligencias es que el juez Juan Miguel Ruiz llama a declarar como imputado al actual concejal del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, quien entonces ocupaba el cargo de director general de Medio Natural. La causa se inició tras la denuncia en 2020 de las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción, que representadas por el abogado Ginés Ruiz Maciá lograron que se iniciara una investigación también contra los exconsejeros de Medio Ambiente, Javier Celdrán y Antonio Luengo. Por el momento, los pasos que dará el juzgado de Instrucción no contemplan llamar a declarar a los dos exdirigentes, pero sí, en calidad de testigo, al exdirector general de Medio Ambiente, Francisco Marín.

La Fiscalía de la Región de Murcia también ha pedido la reapertura de las diligencias, por lo que el juez ha acordado una prórroga de las actuaciones por un plazo de seis meses, según el auto al que ha tenido acceso este periódico. Perona deberá responder a las preguntas del juez el próximo 5 de marzo del 2024 en calidad de investigado. Ambas organizaciones ecologistas no descartan que, tras esta primera fase de la investigación, el juzgado amplíe la causa para que declaren los dos exconsejeros.

La Audiencia Provincial, cuando revocó el archivo de la causa, señaló que las decisiones tomadas entonces por los altos cargos de la Consejería no implicarían un delito contra el medio ambiente, pero sí apreciaban los magistrados un delito de prevaricación: no existe "una razón o causa de fuerza mayor que haya impedido la emisión de esa evaluación" ambiental "en tiempo hábil". Más tarde, la Consejería trató de enmendar el error emitiendo un informe que recogiera los posibles daños sobre el medio ambiente. El magistrado Juan del Olmo tachó de "incomprensible" que se priorizara la aprobación de las órdenes de vedas de caza sin el informe ambiental por "supuesto interés público". En su auto consideró que se dictaron "dos órdenes de regulación de las vedas con vulneración de la normativa aplicable".

El fiscal de Medio Ambiente, Miguel de Mata, ha pedido la declaración del concejal Perona como investigado "a fin de que explique las razones" de haber aprobado la orden de vedas de 2020-2021 a "sabiendas de que restaba por emitirse el preceptivo informe de evaluación ambiental de repercusiones". Deberá aclarar "si era o no conocedor de los informes de los servicios jurídicos que avisaban de la necesidad de dicho informe y si urgió de alguna forma al órgano ambiental la finalización y remisión del mismo".

Para el exdirector general Francisco Marín, el responsable del Ministerio Público pide su declaración como testigo para que detalle por qué no pudo emitirse un informe de evaluación ambiental antes de aprobarse la orden para la temporada cinegética de 2020/2021. Deberá mencionar en qué estado de tramitación estaba dicho trabajo antes de que se publicara la norma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.