El urbanismo se filtra en el Mar Menor a través de 82 grietas

El modelo urbanístico que se ha desarrollado en torno al Mar Menorha terminado en algunos tramos por pisar terreno que no debía. Una superficie propiedad de todos que ha sido comida por decenas de barreras arquitectónicas con titularidad privada, pero cuya legalidad está en entredicho. Desde casas u hoteles, pasando por terrazas, paseos, muros o jardines particulares, espacios como La Manga del Mar Menor han terminado por ‘introducirse’ en la laguna salada por varios puntos, invadiendo el dominio público.

Estas ocupaciones alegales forman parte del paquete de 82 expedientes que está tramitando a día de hoy la Demarcación de Costas de Murcia para comprobar los derechos de concesión que pudieron adquirir los propietarios cuando construyeron más allá de la línea de deslinde. Han pasado tres años desde que se localizaran en el entorno de la laguna y de la ribera mediterránea (Pilar de la Horadada - Cabo de Palos) hasta 300 infraestructuras ocupando terreno público. Hasta ahora, sólo se ha dictado sentencia sobre doce casos en los que ha quedado demostrado que la obra es ilegal.

De entre ellos, cinco ocupaciones ya han sido retiradas, todas ellas ubicadas en la larga y estrecha franja de tierra, siempre en el lado que da al Mar Menor. Algunos ejemplos se ubican concretamente en la playa de Antillas, donde se han eliminado varias instalaciones de una comunidad de vecinos; o la playa del Galán, donde un jardín privado superaba el límite de costa permitido. Fuentes de Costas remarcan que estas ocupaciones ya retiradas corresponden en general a usos residenciales, tales como muros, accesos o terrazas.

La mitad de los casos que ya tienen una resolución por parte de Costas están, de momento, paralizados ante los recursos que han presentado los propietarios de los terrenos particulares que alcanzan el dominio público. De nuevo, todos estos ejemplos se ubican en La Manga y miran hacia las aguas del Mar Menor. Algunos dueños han optado por acudir a la vía judicial para intentar frenar la demolición de esa ocupación y otros están en vía administrativa.

«Se trata de ocupaciones asociadas a usos residenciales, tales como muros, accesos, terrazas o piscinas», concreta la Demarcación, «pero aún no se ha podido iniciar su retirada por tratarse de resoluciones pendientes de alcanzar firmeza administrativa o judicial, o a la espera de que los tribunales autoricen la entrada en domicilio para que la administración las pueda llevar a efecto de forma subsidiaria».

Los expedientes que están aún por resolver responden a casos similares a los anteriores, donde Costas ya ha podido intervenir. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica aclara que la mayor parte de las ocupaciones están destinadas a usos tales como jardines, paseos, zonas de esparcimiento, muros, accesos y terrazas de viviendas. En menor medida, apuntan, también se localizan partes de edificaciones de uso residencial u hotelero y locales de hostelería.

Seis metros de anchura

Las infraestructuras detectadas dentro del espacio público de la costa tienen unas características especiales. «Se sitúan sobre una franja de terreno de unos seis metros de anchura, limitado al interior por el dominio público marítimo-terrestre vigente y al exterior por los linderos originales de las fincas, coincidente con la zona marítimo-terrestre antigua», detalla Costas.

La Demarcación llevó a cabo durante los últimos años una revisión completa del litoral marmenorense, lo que ha permitido disponer de una nueva cartografía actualizada del entorno de la laguna. Esto permitió determinar «qué deslindes del dominio público marítimo terrestre precisan revisión o, una vez excluida su demanialidad, plantear la adquisición de otros terrenos colindantes».