Social

Más de 1.400 personas dependientes han fallecido en lista de espera en 2022

El Observatorio de la Dependencia incluye a la Región entre las 10 comunidades que «han hecho caja» con los ingresos estatales del Plan de Choque

Un hombre en silla de ruedas es trasladado por la Cruz Roja.

Un hombre en silla de ruedas es trasladado por la Cruz Roja. / L.O.

María José Gil

María José Gil

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas que «han hecho caja» con los fondos destinados a la dependencia, según se recoge en un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, dado que han reducido su aportación y han aumentado las listas de espera a pesar de los ingresos recibidos para el Plan de Choque destinado a reducirlas. El XXIII Observatorio de la Dependencia que la asociación ha difundido este miércoles añade que «entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 1.423 personas en lista de espera, sin haber llegado a ser atendidas», a pesar de que Murcia recibió entre 2021 y 2022 casi 50 millones de la aportación extraordinaria del Estado recogida en el Plan de Choque.

A esta cifra hay que sumar otras 5.940 personas con solicitud de dependencia, «un 30,10% más de lo esperado», precisa el informe.

A pesar de ser un objetivo prioritario del Plan de Choque, la Región no sólo no la ha reducido, sino que ha aumentado la lista de espera de personas desatendidas que se encuentran en «el limbo» por segundo año consecutivo, «disponiendo en estos momentos de más de 6.525 personas dependientes a la espera de recibir una prestación».

También precisa que «el exceso de personas fallecidas atendidas ha sido moderado en domicilios y alto en residencias; respecto de 2021 aumenta en residencias y domicilios». 

En el Observatorio de la Dependencia se recuerda que el objetivo del Plan de Choque en toda España reducir la era la lista de espera en 60.000 personas, pero «la burocracia en los procedimientos y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario».

Destaca igualmente que el Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia ha supuesto un aumento en la financiación de las comunidades autónomas de más de 1.800 millones en los años 2021 y 2022, «llegando al 33,9% del gasto público mientras que las comunidades autónomas han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%», en lugar de poner más dinero.

En 2023 se ha aumentado la financiación en otros 1.800 millones.

 El Observatorio recoge en sus conclusiones que «en el primer año del Plan de Choque, diez gobiernos hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración: la Región de Murcia, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

«Estimamos según el documento del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 los efectos de la subida del nivel mínimo y de la recuperación del nivel acordado suponen para la Comunidad de Murcia en los años 2021 y 2022 la cantidad adicional de 49,8 millones de euros».

 Sin embargo, «la Región de Murcia atendió en el último ejercicio a 715 nuevas personas dependientes, un 1,93% más que en el ejercicio precedente, si bien su incremento que se queda muy lejos de la media del resto de comunidades que alcanzan un 7,47%». Además, ha aumentado la lista de espera en 1.400 personas, lo que supone un 29,59% más.

El  gasto público por persona dependiente en Murcia se sitúa en 5.026 euros, «muy alejado de la media nacional (6.131 euros ) con lo que arroja una diferencia de 1.105 euros anuales por cada dependiente.  

Este dato la coloca «entre las comunidades autónomas que peor financia la atención a la dependencia".  

El informe resalta «el gasto desmedido» de la Región en la llamada ‘prestación económica para cuidados en el entorno familiar» y en «los 197,23 euros mensuales con los que la financia».

La Región aparece también entre las comunidades con mayor tiempo de espera desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve la prestación, con 486 días (16 meses), frente a los 344 de la media nacional, que se reducen a 125 en Castilla y León.

 El XXIII Observatorio de la Dependencia atribuye a Murcia la última posición, con una puntuación de 2,4 sobre 10, un punto menos que el año anterior. Las puntuaciones más altas corresponden a Castilla y León, que alcanza el 8,5, rozando el sobresaliente, seguida de Castilla-La Mancha (7,9) y Andalucía (7,6).

Política Social afirma que las solicitudes han aumentado un 37%

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, asegura que «la Región ha incrementado la financiación en Dependencia por encima de la media de los dos años anteriores, destinando cerca de 200 millones en 2022 con el fin de atender el incremento de solicitudes, cifrado en más de 54.000, y mejorar los servicios que se prestan a los usuarios desde el Instituto Murciano de Acción Social». 

En un comunicado la sucesora de Isabel Franco, que asumió el cargo el pasado mes de septiembre, añade que «la Comunidad continúa centrando sus esfuerzos en reducir la lista de espera dado el aumento exponencial de solicitudes que se ha experimentado en el último año, alrededor de un 37 por ciento».

Ruiz sostiene que su departamento no sólo ha incrementado el número de profesionales destinados a agilizar la valoración de la dependencia y la gestión de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, sino que, además, se están desarrollando programas de informatización para aligerar la gestión de los procesos. Desde la Comunidad estamos realizando un importante esfuerzo económico para atender las demandas de los ciudadanos de la Región de Murcia en materia de Dependencia ya que la financiación estatal es insuficiente porque solo responde al 20 por ciento».

Además, resalta «la optimización de los recursos que se está realizando desde el IMAS ya que, «no sólo estamos invirtiendo más y realizando una reestructuración más sostenible, sino que, además, la aportación estatal correspondiente al nivel acordado de 2022 de la Ley de Dependencia y que ascendía a 12,8 millones ha sido ejecutada en su totalidad».

Pide también que el Plan de Choque sea plurianual para que no haya desfases entre las etapas de ejecución y la financiación de los programas.

La Consejería de Política Socia e Igualdad asegura que ha realizado «importantes mejoras en la calidad de los servicios prestados» a las personas dependientes, «ya que, durante este ejercicio 2023 y hasta la fecha ya se han ejecutado más de 51.000 resoluciones y han resultado beneficiarios de la prestación cerca de 40.000 ciudadanos. Además, 49.300 personas están recibiendo actualmente servicios asistenciales en centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o atención residencial».