El exalcalde de Calasparra defiende la legalidad de los contratos para la feria taurina

El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, pasaba este jueves por los juzgados de Caravaca de la Cruz para declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación entre los años 2017 a 2019, cuando era alcalde de Calasparra, en la gestión de la Feria Taurina del Arroz. 

Más de dos horas estuvo declarando Vélez ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3. El procedimiento fue incoado tras la querella presentada por dos ediles de los grupos municipales de Ciudadanos y Calasparra Viva. Referente a un supuesto fraude en los convenios de colaboración suscritos entre el Consistorio y la empresa encargada de gestionar los espectáculos taurinos en el municipio, así como el contrato posterior de arrendamiento de la plaza de toros y la cesión final del arrendamiento y gestión a la citada empresa. 

A su salida del juzgado el secretario general de los socialistas murcianos declaraba que «ha aclarado todas las cuestiones al juez». Durante su declaración incidió que «siempre actuó en defensa del interés general». El secretario general de los socialistas murcianos contestó a las preguntas del juez del caso, del fiscal y de su defensa, pero se negó a hacer lo propio con los letrados de la acusación particular. A su salida del juzgado explicó que dio «toda la información detallada que le iba solicitando el juez instructor». Vélez explicó que los contratos acordados con el empresario que organizó las ferias de 2017 a 2019 fueron verbales y que sus cuantías eran beneficiosas para el Consistorio.

Tras la declaración del exregidor siduió la del exconcejal de Festejos, Jordi Arce. La siguiente cita será el próximo jueves con las declaraciones del actual edil de Festejos, Antonio José Merino, y el empresario de la plaza, quién lo hará a través de videoconferencia desde un juzgado de Granada. El pasado miércoles pasaban por sede judicial el propietario de la plaza, Joaquín Caballero, quien manifestó sobre una factura pagada por el Ayuntamiento por las obras de acondicionamiento para el acceso a minusválidos que no le consta que tales obras se hicieran en su plaza. También declararon los dos últimos secretarios accidentales del consistorio. 

El consistorio y la propiedad de la plaza mantienen una tensa relación desde hace años, unas diferencias que aumentaron con la llegada de la empresa que se encarga en los últimos años de realizar los festejos taurinos en el municipio. Desde el Consistorio se ha intentado, sin éxito por el momento la compra de la plaza, para realizar una adaptación y alegando que no cumple las medidas necesarias de seguridad y en los últimos años han alquilado una plaza portátil, donde se están celebrando los festejos de la localidad. 

Increpado por vecinos

A Vélez lo esperaban en la puerta del juzgado varios vecinos del municipio, entre ellos se encontraba Isabel Moya, viuda de un funcionario del Consistorio, quien mantuvo un litigio de casi siete años para poder cobrar el seguro de vida de su marido y, según ella misma explicó a este diario, «limpiar su nombre, que algunos se empeñaron en poner en entredicho». Finalmente, la justicia condenó al pago de los 60.000 euros de la póliza suscrita, más otros 66.000 en intereses. 

El marido de Isabel, Jesús Manuel Díaz, fue funcionario del Ayuntamiento de Calasparra desde 1984 hasta que falleció en 2008. Durante su carrera desempeñó distintos trabajos hasta llegar a ser secretario accidental tras el fallecimiento de Antonio Cerdá. 

Jesús Manuel, junto con otros 25 trabajadores del consistorio, firmó un seguro voluntario de vida, primeramente, en el año 1999 con Cajamurcia y en diciembre de 2006 se traspasó a BBVA seguros, unas negociaciones en las que se encontraba el propio Jesús Manuel y en la que el tomador fue el propio Ayuntamiento de Calasparra.