Unión de Pequeños Agricultores de Murcia : "La inspección de la Comunidad sobre los precios brilla por su ausencia"

La aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria se está llevando a cabo de forma «desigual» para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Murcia. En un balance sobre la situación del campo murciano que ofreció ayer la organización agraria, su secretariogeneral, Marcos Alarcón, explicó que la nueva norma ha logrado «un mayor efecto» en los movimientos de las empresas distribuidoras, y «han reducido de una manera muy importante prácticas que eran muy perjudiciales para productores y consumidores».

En concreto, Alarcón se refiere a los ‘productos reclamo’ que se venden en los lineales muy baratos: «Esta práctica casi ha desaparecido». Por contra, el representante agrario critica que existe un déficit en el control e inspección «para evitar que los agricultores y ganaderos vendan a precios que no cubren sus costes de producción». Y, esta cuestión, señala al Gobierno regional, cuyos recursos en esta materia «brillan bastante por su ausencia».

Alarcón detalla que «si el comportamiento de la distribución ha cambiado en torno a la utilización de ese tipo de prácticas lesivas es porque se han incrementado las sanciones y el nombre de las empresas se hace público», lo que daña su reputación en el mercado mayorista o exportador.

Balance

UPA Murcia cree que la producción agraria regional ha experimentado una disminución generalizada en los cultivos tanto de secano como de regadío debido a los fenómenos meteorológicos durante los primeros meses de 2023, así como un deterioro de la renta agraria en la que también han influido los elevados costes de producción.

Esa caída ha provocado que, en momentos puntuales, hubiera «escasez de productos». Respecto a esa pérdida de la renta, Alarcón remarca que el problema de los altos precios no está beneficiando a los productores: «Los agricultores no están transformando en renta esos altos precios que están pagando los consumidores», explica. Al mismo tiempo, remarca que esos precios elevados se han dado en momentos en los que los agricultores no tenían producción, por lo que apunta a la «especulación» por parte de las distribuidoras para encarecer los alimentos.

Los pequeños agricultores han incidido en las «inexistentes» ayudas por parte del Gobierno regional para paliar las pérdidas provocadas por la escasez de lluvias, las altas temperaturas en momentos clave del desarrollo de los cultivos (floración, cuajado…), las lluvias torrenciales y el granizo que se han padecido en este 2023.

«El Gobierno de España ha realizado un esfuerzo presupuestario sin precedentes, con partidas millonarias pero insuficientes, mientras que el Gobierno de Murcia en este ámbito, sencillamente, no ha comparecido», señalaba el secretario general de UPA Murcia.

10.397 agricultores murcianos han pedido la ayuda de la PAC

Un total de 10.397 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia han presentado la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para 2023, primera campaña en la que se aplica el Plan Estratégico Nacional de 2023-2027. Del total de solicitudes en esta comunidad autónoma, que comprenden más de 286.300 hectáreas declaradas, 3.750 son de ayudas directas y desarrollo rural; 6.388 exclusivas de ayudas directas y 259 exclusivas para el desarrollo rural.

En el conjunto del país, han presentado la solicitud única de ayudas de la PAC 622.404 de agricultores y ganaderos. En concreto, el importe total de las ayudas directas para esta campaña se sitúa en los 4.875 millones de euros, que las comunidades autónomas podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre y que serán pagados en su totalidad a más tardar el 30 de junio de 2024.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha destacado la importancia de los ingresos de la PAC para agricultores y ganaderos, ya que dota de estabilidad la actividad agraria, sobre todo, en momentos difíciles como el actual. De esta forma, estas solicitudes comprenden más de 22,2 millones de hectáreas declaradas. La ampliación del plazo hasta el 30 de junio ha permitido que se hayan podido tramitar todas las solicitudes.

El número de explotaciones agrarias que solicitan las ayudas supone una caída del 3,95% con respecto a la campaña de 2022, en línea con la tendencia constante de las últimas décadas y en dimensión sensiblemente menor de lo ocurrido en los primeros dos ejercicios de la anterior PAC.